El juez dictó ayer prisión incondicional para las principales imputadas en la supuesta trama de corrupción en el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares durante la época de gobierno de Jaume Matas (PP); la exgerente Antònia Ordinas y su esposa, la soprano Isabel Rosselló. Según el abogado de ambas, Eduardo Valdivia, se trata de una postura "cautelosa", ya que, de momento, las pesquisas son secretas.

Ordinas y Rosselló fueron detenidas el pasado lunes por orden de la Fiscalía Anticorrupción acusadas de malversación, falsedad documental y fraude a la Administración, en la que es la séptima trama de corrupción relacionada con el PP que se destapa en Baleares. La investigación que desembocó en la llamada operación Scala se inició en abril, cuando la Consejería de Comercio, Industria y Energía detectó una presunta malversación de fondos del Consorcio. Este organismo tiene deuda de 8 millones de euros que se acumuló en la legislatura pasada. Las pesquisas apuntaron como responsables de la malversación a Ordinas y al exdirector general de Promoción Industrial del Ejecutivo de Matas, Kurt Viaene. Este se encuentra ahora mismo en situación de detención judicial, lo que implica que ingresará en la cárcel por un tiempo máximo de 72 horas, periodo en el que deberá volver a comparecer ante el juez de guardia, pero no está en situación de prisión.

Según la investigación, Ordinas podría haber cometido los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos por valor de cinco millones de euros, al haber beneficiado con dinero público y sin concurso previo a personas y empresas allegadas que trabajaron para el Consorcio, entre la que se encontraría su propia mujer, a quien contrató en diversas ocasiones para que ofreciera conciertos en el extranjero.

Asimismo, el magistrado dejó en libertad con cargos a otros tres imputados: el empresario publicista Joan Rosselló, el empresario Jaime Julio Fernández Abad, y la esposa de este, Daniela B. N. No obstante, el juez les retiró el pasaporte y les ha prohibido abandonar el país.

OTRO CASO Paralelamente, el exconcejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos defendió su inocencia como presunto autor de una malversación de fondos en la compra de un castillo infantil para una zona lúdica de la capital balear. En prisión por supuestos abusos a menores, De Santos está imputado por malversar 50.000 euros de fondos públicos en clubs de prostitución masculina.