Carteristas, despisteros, tironeros, timadores y otros especialistas de lo ajeno que han hecho del hurto y del pequeño robo su profesional habitual deben saber que su detención equivaldrá a la cárcel en el futuro próximo. Ese es el primer objetivo de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal aprobada ayer por el Consejo de Ministros y que entrará en vigor la próxima primavera, cuando se implanten los llamados juicios rápidos.
Los delincuentes menores o autores de robos, hurtos, tirones y otros delitos castigados con menos de dos años de prisión, no entraban ahora en la cárcel, salvo en casos excepcionales, dado que la prisión provisional sólo se aplicaba a autores de delitos castigados con más de 3 años de reclusión. Pero con la reforma, los jueces podrán acordar la prisión provisional para ellos cuando la policía acredite que se trata de delincuentes habituales.
El propio ministro del Interior, Angel Acebes, manifestaba ayer "la sensación de frustración que produce en los policías y guardias civiles detener a un delincuente por la mañana y tener que detenerle de nuevo dos días después porque ha vuelto a delinquir".
REDES ORGANIZADAS
El segundo gran frente de la reforma gubernamental para reducir unos índices delictivos que en agosto del 2002 --último dato conocido-- afectaban a 51,4 de cada mil españoles, consiste en aplicar la prisión provisional a los autores de delitos castigados con menos de dos años de cárcel cuando formen parte de bandas o redes organizadas.
Hasta ahora, la prisión provisional no se aplicaba a los autores de infracciones penales castigadas con menos de dos años de cárcel. La pertenencia a las bandas o redes facilitaba, hasta ahora, el pago de la fianza y permitía a los detenidos quedar en libertad a las pocas horas de pasar a disposición judicial. Luego ocurría, como recordó ayer el ministro Acebes, que ni siquiera se presentaban a juicio.
Esa casuística también ha sido recogida, de modo que cuando un detenido por delito menor no hubiere comparecido en los dos años anteriores a cualquier llamamiento judicial o hubiere sido declarado rebelde, será reo de prisión provisional hasta que se celebre el juicio.
Con todo, las fuerzas de seguridad del Estado pondrán especial empeño y dedicación en detener a los cabecillas de las bandas ya que, como también señaló ayer Acebes, "si no pueden sacar de prisión a sus esbirros, contactarán con otros".
AGRESORES DOMESTICOS
Una de las novedades principales de la reforma consiste en la implantación, por primera vez, de la prisión provisional para los autores de agresiones, lesiones y coacciones domésticas. En concreto, se trata de aplicar esta medida cautelar a los que habitualmente ejerzan la violencia física sobre el cónyuge, compañero, hijos, pupilos, ascendientes, ancianos y personas que convivan con el autor de esos delitos castigados por el Código Penal con pena de prisión de seis meses a tres años. Pero, según datos de Amnistía Internacional y de las asociaciones de mujeres, el 30% de las causas penales por violencia doméstica son sobreseídas.
La reforma contempla también la aplicación de la prisión provisional para quienes incumplan la medida cautelar de alejamiento de las víctimas. En el 2002 se registraron 74 muertes por violencia de género, cuatro más que el año anterior. La mitad de las denuncias por violencia doméstica es tramitada por los jueces como falta y no como delito.
BANDAS CRIMINALES
Las ofensiva legal contra la delincuencia, que en el 2002 superó los dos millones de delitos y faltas registradas, según datos del Observatorio de la seguridad pública del Sindicato Unificado de Policía (SUP), se completa con la implantación de un "tramo de seguridad" que obligará a los condenados a más de cinco años de prisión a cumplir al menos la mitad de la condena antes de acceder a la libertad condicional.
El cumplimiento de la mitad de la condena se aplicará obligatoriamente en todos los casos en los que los condenados a más de cinco años de cárcel hayan pertenecido o formado parte de bandas u organizaciones criminales y terroristas.
Esta medida fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado día 3, dentro del paquete de la reforma penal y penitenciaria orientada a que los terroristas y autores de crímenes especialmente graves cumplan efectivamente las penas.
