La Fiscalía de Valladolid acordó ayer el archivo de la investigación abierta a raíz de la denuncia anónima sobre presuntas irregularidades en el proceso de primarias para elegir al candidato de Ciudadanos a la presidencia de Castilla y León, para las elecciones autonómicas del pasado mayo, al apreciar que no existen indicios bastantes de infracción penal. Y ello a pesar de que el partido reconoció que había adjudicado la victoria de forma incorrecta a Silvia Clemente, candidata oficialista, cuando en realidad el ganador había sido el dirigente crítico Francisco Igea, que denunció irregularidades en la votación telemática.
La Comisión de Garantías de Cs acabó anulando 82 de los votos recibidos por Clemente -expresidenta de las Cortes regionales, exdiputada del PP y fichaje de Albert Rivera- y concluyendo que el vencedor era Igea, que se presentó como cabeza de lista a las autonómicas y actualmente es vicepresidente de la Junta.
Esos 82 votos invalidados fueron realizados, en principio, por usuarios autorizados como militantes, según la Fiscalía de Valladolid, que concluye que no hubo accesos no autorizados al sistema ni se alteraron documentos electrónicos ajenos. La investigación tampoco ha acreditado que se haya usado ningún programa, instrumento o mecanismo para dañar, alterar o suprimir datos informáticos o los programas informáticos utilizados para la votación.
Tras este carpetazo judicial, la nueva líder de Cs, Inés Arrimadas, presumió de «democracia interna» y zanjó: «Que hablen los que acusaron. Los que han hecho las acusaciones son los más indicados para valorarlo».
De momento, se mantiene abierta la causa que inició un juzgado de Burgos hace unos días al admitir a trámite e incoar diligencias previas por la presunta falsedad documental en aquellas primarias, que se celebraron los días 8 y 9 de marzo del año pasado.
