La fiscalía archivó las 32 investigaciones por delitos por injurias a la Corona, fundamentalmente quema de fotografías de los Reyes, que se abrieron en el 2018, al entender que todas ellas carecían de relevancia penal. La Memoria del ministerio fiscal concluye que la actividad judicial en este ámbito se redujo de forma «drástica» el año pasado.
En los delitos contra la Corona, el camino que siguió la fiscalía fue el de incoar diligencias de investigación ante la recepción de atestados por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y autonómicos, a fin de hacer un previo juicio de los hechos que se denuncian y ver si cumplen los parámetros de la jurisprudencia. Así, las 32 investigaciones que se abrieron fueron archivadas en aplicación de la nueva doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo sobre estos hechos, «al entender que los mismos carecen de relevancia penal y no sería aceptable castigarlos penalmente».
En marzo del 2018, el TEDH dictaminó que la quema de fotografías del jefe del Estado «debe ser interpretada como expresión simbólica de una insatisfacción y de una protesta», una «forma de expresión de una opinión en el marco de un debate sobre una cuestión de interés público, a saber, la institución de la Monarquía» en España.
Pues bien, la fiscalía, haciendo suyas estas palabras en la Memoria Anual, sigue la doctrina marcada desde el tribunal de Estrasburgo y justifica el archivo de los 32 procedimientos que se abrieron el año pasado porque, sostiene ahora, una actividad de estas características se enmarca «en el ámbito de la crítica política, y no personal de la institución de la Monarquía, en general, y en particular del Reino de España como nación, debiendo entenderse como una expresión simbólica de insatisfacción y protesta».
