El PP ha visto una oportunidad de empezar con el marcaje al PSOE en las declaraciones de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celáa, sobre los colegios concertados. La titular aseguró el jueves que la libertad de enseñanza no significa que los padres puedan escoger un centro de ese tipo, financiado en parte por el dinero público. Celáa quiso subrayar que el artículo 27 de la Constitución no señala que los progenitores puedan escoger un centro que se adapte a las convicciones religiosas y morales sino solo a que los alumnos tengan acceso a esas asignaturas. Un día después la ministra aclaró que las familias «no tienen nada que temer», porque el PSOE, añadió, siempre ha defendido la concertada.

Pero pese a ese apunte, los conservadores prepararon dos reuniones para ayer en la sede de Génova para poner el foco en este asunto. Primero, a las diez, el presidente del PP, Pablo Casado, reunió a los consejeros de educación del PP de los gobiernos autonómicos y, por la tarde, se vio con representantes de las entidades concertadas.

A ambos encuentros asistió también la vicesecretaria de política social de la formación popular, Cuca Gamarra, que aseguró que su partido no descarta acudir a los tribunales o salir a la calle para defender la educación concertada, la de titularidad privada, pero financiada con recursos públicos, y garantizar la libertad de elección de las familias.

«NERVIOSISMO» EN LAS FAMILIAS / Para Gamarra, las declaraciones de Celaá han generado «muchísimo nerviosismo y alarma entre las familias que defienden el derecho de poder elegir qué educación quieren para sus hijos». Un derecho que, según la dirigente popular, no le corresponde «ni al Estado, ni a Pedro Sánchez ni a la ministra Celaá» y que «nadie puede usurpar». El PP anunció que presentará una «ofensiva» parlamentaria presentando mociones en el Congreso, Senado, ayuntamientos y comunidades.