Pablo Casado sugirió ayer en un mitin en Palma de Mallorca que la Generalitat de Cataluña está detrás de los violentos altercados en las calles de Barcelona e incluso detrás de la adquisición del material susceptible de utilizarse para fabricar explosivos que hallaron en poder de los miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) detenidos el mes pasado. Siete de los arrestados, pertenecientes al sector más radical de los CDR, están en prisión provisional por pertenecer a organización terrorista, conspiración para cometer estragos y tenencia de explosivos.

Las palabras del presidente del PP fueron estas, dirigiéndose a Pedro Sánchez: «Lo que tiene que hacer es controlar las cuentas de la Generalitat, porque así sabe usted quién viaja a Waterloo, quién paga el piso de Waterloo, quién paga los explosivos, quién paga las manifestaciones, quién paga los piquetes, quién corta autopistas, los trenes o quién impide a los alumnos entrar en las universidades con una huelga salvaje que automáticamente se debería detener».

Casado había mantenido hasta ahora un tono templado cuando hacía comentarios sobre la delicada situación política y social de Cataluña, aunque la subida que auguran varias encuestas a Vox puede estar haciéndole dudar de su estrategia. En algunos de esos sondeos, el partido ultra llega a los 40 escaños (en estos momentos dispone de 24). De hecho, fuentes del PP ya mostraron su preocupación de manera indirecta con esa tendencia positiva.

En todo caso, el dirigente de los populares exige a Sánchez «controlar las cuentas de la Generalitat». En realidad, las cuentas catalanas ya están sujetas a una supervisión especial, anti-independentista desde hace cuatro años. Desde noviembre del 2015, el Gobierno de Rajoy decidió pedirle al Ejecutivo catalán informes mensuales de todos los gastos, un control que no tiene ninguna otra comunidad. Después de eso, en las semanas previas al 1-O se impuso una intervención total de los pagos de la Generalitat que se levantó en junio del 2018, al acabar el 155.