Pablo Casado, presidente del PP, reivindicó en Valencia la labor de los expresidentes de la Generalitat, Francisco Camps, imputado en varios casos de corrupción, y Eduardo Zaplana, en prisión preventiva por otro escándalo, y también la herencia de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá, de cuya expulsión al grupo mixto acusó a Ciudadanos, su nuevo socio de gobierno en Andalucía, por exigirla como condición para apoyar en su día la investidura de Mariano Rajoy.

En el acto de proclamación de Isabel Bonig como candidata autonómica en las elecciones del 2019, el líder de los populares aprovechó para pedir un cambio en la situación penitenciaria de Zaplana, enfermo de leucemia. Respecto a los casos de corrupción, sin nombrarla, se limitó a decir: «Si alguien ha hecho mal, no somos nosotros los que tenemos que juzgarlo. Lo que podemos juzgar es lo que se ha dejado hecho, eso no nos lo va a tapar nadie», afirmó acerca del PP valenciano, del que se declaró «orgulloso de sus luces» y llamó a mirar hacia delante «a pesar de sus sombras».

Sin complejos, el presidente del PP reivindicó también su pacto con Ciudadanos y Vox para aupar a Juan Manuel Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta de Andalucía y dijo estar dispuesto a repetirlo en otras autonomías, aunque erigió a su partido como el «voto útil» en las próximas convocatorias electorales «para no depender de ningún partido bisagra». «Apelo a los que se fueron para decirles que no van a encontrar al PP fuera del PP. Somos los de siempre, con los mismos principios y valores, pero defendidos como nunca», subrayó.

El dirigente popular criticó los Presupuestos presentados por el Gobierno por ser, en su opinión, «la factura librada de la moción de censura, el pago vergonzante a independentistas, batasunos y populistas del alquiler del palacio de la Moncloa y del Falcon, que es lo que importa a Pedro Sánchez». Según Casado, el suyo es «el único partido que puede parar el procés y echar el freno a un proyecto de ruptura», y reiteró que si el PP vuelve a la Moncloa, aplicará el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.