El miércoles 30 de junio, menos de 48 horas después de que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) aprobara el controvertido fallo sobre el Estatut, la presidenta de este organismo, María Emilia Casas, presentó en el registro del Congreso de los Diputados un escrito en el que insta tanto a la Cámara baja como al Senado a llevar a cabo la renovación de los magistrados cuyo mandato ha caducado o está a punto de hacerlo.
Dicha renovación ha sido reclamada con insistencia durante largo tiempo por la Generalitat y los partidos catalanes, que sostenían que el tribunal, con su actual composición --cuatro miembros están en funciones desde diciembre del 2007 y otro falleció en mayo del 2008 sin que su plaza haya sido cubierta-- no estaba legitimado para dictar una sentencia de tanto calado.
La publicación, ayer en El Periódico de Catalunya, del Grupo Zeta, de un extracto del borrador final de la sentencia llevó ayer a Casas a ordenar la apertura de una "información reservada" con el objetivo de averiguar cómo se produjo la filtración del documento y depurar, si procede, "las responsabilidades disciplinarias a las que pudiere haber lugar".
