A día 1 de enero del 2019, casi un centenar de personas se encontraban en centros penitenciarios españoles condenados o acusados por un delito de corrupción, según ha informado este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Solo nueve de ellos están en una situación de prisión preventiva.
Así se desprende del repositorio de datos sobre procedimientos por este tipo de delitos del órgano de gobierno de los jueces relativo al tercer trimestre del 2018, que incluye el número de personas jurídicas contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral en ese periodo: fueron 11, todas en un procedimiento instruido en la Audiencia Nacional.
Este informe ofrece datos sobre las personas que fueron procesadas por corrupción entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año pasado, así como las sentencias que han sido dictadas por estos delitos recogidos en el Código Penal.
Este repositorio también ofrece datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Catalunya sobre población reclusa.
En este caso, a 1 de enero de este año había en España 90 penados, de los cuales 50 de ellos están condenados por malversación como delito principal y 22 con cohecho. De estos presos, nueve están situación preventiva.
LOS TRIBUNALES DICTARON 15 SENTENCIAS POR CORRUPCIÓN
Por otro lado, los jueces y juezas españoles concluyeron la instrucción de un total de cinco procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 15 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.
Asimismo, en este periodo de tiempo los juzgados y tribunales dictaron 15 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que nueve fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 60 por ciento del total. Las otras seis fueron absolutorias, una de ellas de la Audiencia Nacional.
El repositorio es de acceso público por internet y permite conocer la acción de la justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores -personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.
Se tienen en cuentan los fenómenos recogidos en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
