L a apertura del curso político en septiembre se presenta complicada para el Gobierno. Los brotes del covid continúan y pueden convertir la vuelta a la escuela en una bomba de relojería. España se encuentra en recesión, tras dos trimestres consecutivos con caídas del PIB: la última, del 18,5%. La crisis territorial en Cataluña volverá al primer plano si el presidente catalán, Quim Torra, es inhabilitado a mediados del mes que viene por el Tribunal Supremo. Y el Gobierno tiene que empezar a negociar los Presupuestos, un proyecto para el que de momento no tiene los apoyos suficientes.
El clima del Ejecutivo con sus socios tradicionales, necesarios incluso si Ciudadanos acaba apoyando las cuentas, no es bueno. La controvertida salida de Juan Carlos I, cercado por las sospechas de corrupción, no solo ha evidenciado las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos, sino que también está alejando a Pedro Sánchez de los grupos que permitieron su investidura el pasado enero, para quienes se trata de una «huida».
El PNV evita por ahora plantear iniciativas parlamentarias, pero su opinión sobre el destierro del rey emérito, en cuyo diseño participaron Sánchez y Calvo, es muy negativa. La marcha del exjefe del Estado, que continúa en paradero desconocido, es «inaceptable», consideran los nacionalistas vascos, que critican «la poca claridad del Estado».
Los socialistas también otorgan trascendencia a la moción de censura anunciada por Vox para septiembre, porque dividirá a la derecha y volverá a reunir al bloque de la investidura, demostrando que «no hay mayoría alternativa en el Congreso».
Mientras tanto, Unidas Podemos no va a cejar en sus ataques a la Casa del Rey, por mucho que Sánchez insista en que no es la monarquía la que está en tela de juicio. Los morados también pedirán a lo largo del mes de septiembre la comparecencia de Calvo, así como la de Felipe VI, y preparan una batería de iniciativas para «garantizar la transparencia sobre las cuentas» de la jefatura del Estado, para conocer también «los viajes privados y el patrimonio de sus miembros».
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, contradijo ayer la tesis de Pedro Sánchez. El presidente sostuvo ante la prensa el pasado martes que «no se juzgaban instituciones, sino personas». Sin embargo, para Garzón, la distinción no se puede aplicar aquí. «La clave no es si Juan Carlos es buena persona, sino cómo y sobre todo por qué pudo hacer lo que hizo –escribió en Twitter–. Instituciones, no personas». H
