La Audiencia de Las Palmas ha concluido hoy el "caso Kárate", con penas centenarias para tres de los cuatro acusados en el mayor juicio por pederastia celebrado en España y "exhortando" al legislador a endurecer el castigo para "depredadores sexuales" como Fernando Torres Baena.
A los tres condenados, la sala sexta de la Audiencia ha impuesto el máximo castigo por los hechos que han cometido, de manera que el principal acusado, Torres Baena, deberá cumplir 302 años de prisión; su actual mujer y monitora, María José González, 148, y la también profesora de artes marciales Ivonne González, 126 años.
El cuarto acusado, el monitor Juan Luis Benítez, que se enfrentaba a condenas de hasta 20 años de prisión, ha quedado absuelto, según la sentencia, que ha sido leída hoy por el tribunal en audiencia pública, ante las acusaciones, la defensa y los cuatro procesados, así como numeroso público y medios de comunicación.
La sentencia ha contado con el voto particular del presidente de la sala, Emilio Moya, quien suscribe todo su contenido, salvo la absolución de Juan Luis Benitez, por entender que también hay suficiente prueba para condenarle por tres delitos continuados de abusos sexuales a tres menores que fueron alumnas suyas y por los que él hubiera impuesto una condena de 20 años.
El tribunal ha considerado culpables de múltiples delitos de abusos a los tres condenados en este caso, que la propia sentencia define como una sucesión de "megaabusos", "sin precedentes en la historia jurisprudencial del país": medio centenar de personas sometidas "a relaciones sexuales indiscriminadas", sin importar "la edad o el sexo", durante cerca de 20 años.
La Audiencia de Las Palmas entiende que el principal acusado en el "caso Kárate", Fernando Torres Baena, se comportó con los alumnos de su academia de artes marciales como "un depredador sexual" y organizó con ellos "auténticas orgías" sin importad su edad o género, creando así una "cuasi secta sexual".
La sentencia de 199 páginas, de la que es ponente el magistrado Salvador Alba, resalta que Torres Baena, excampeón nacional de kárate, se aprovechó de su "condición de héroe deportivo" y de su "ascendencia emocional" sobre sus alumnos, muchos de ellos menores de edad, para "doblegar su voluntad" y satisfacer con ellos sus "deseos lúbricos".
El tribunal entiende que Torres Baena, su esposa e Ivonne González siguieron un "plan preconcebido" para abusar de un grupo de alumnos, a los que presentaban como "los elegidos" e invitaban a ir los fines de semana al chalé de Vargas del principal acusado, donde ocurrieron la mayoría de los abusos.
Los procesados generaban "miedo y respeto" sobre sus alumnos, a los que "abroncaban" y obligaban a "entrenar horas y horas" si se negaban a mantener relaciones sexuales.
Torres Baena, relata la sentencia, captaba a sus víctimas "desde muy temprana edad" e instruía a sus elegidos sobre cómo "la práctica del sexo en el más amplio sentido de la palabra", con todo tipo de prácticas, heterosexuales, homosexuales o en grupo "mejoraría su vida" y les haría "mejores luchadores".
El principal procesado también aprovechaba su ascendencia como "sensei" (maestro de artes marciales) de prestigio internacional para anular los vínculos con sus familias, diciéndoles que sus padres "no eran nada".
Para el tribunal, el daño sufrido por las víctimas es "difícil o imposible de reparar", pues todos ellos perdieron su libertad sexual y su honor.
Algunas no han vuelto a tener parejas o a mantener relaciones sexuales y siguen traumatizadas, según ha señalado en la lectura del fallo el magistrado Salvador Alba, quien ha dicho que por ello se exige a los tres acusados que paguen a cada una de sus víctimas cantidades que oscilan entre los 50.000 y 10.000 euros.
El tribunal además ha ordenado la clausura definitiva del gimnasio de Torres Baena, situado en la capital grancanaria, y que dio pie a toda esta trama, el decomiso de sus enseres y la disolución de la Asociación Deportiva Canarias 81.
La lectura del fallo también ha servido para que la sección sexta de la Audiencia, a través de su presidente, Emilio Moya, haya hecho un reconocimiento público a la primera alumna que denunció los hechos para evitar que otro niño pasara por ellos, a la que ha agradecido su valentía; reconocimiento que el tribunal ha hecho extensivo al resto de víctimas y a sus familiares.
