El sindicato CCOO ha valorado positivamente el anuncio de huelga efectuado por cinco asociaciones de jueces y fiscales y ha propuesto la creación de "un frente común" con todos los colectivos de Administración de Justicia con el objeto de defender cuestiones esenciales para los profesionales y los ciudadanos ante las "tropelías" del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. "En estos momentos tan graves para el Estado Democrático y de Derecho, en el que se acumulan gravísimos asuntos de corrupción que atentan contra la decencia de millones de ciudadanos, mientras los mismos responsables de esta depravación están suprimiendo derechos y recortando las retribuciones de miles de trabajadores y trabajadoras, podemos y debemos crear un frente común con todos los colectivos que en la Administración de Justicia estemos dispuestos a defender estos aspectos esenciales para los derechos de trabajadores y la ciudadanía, porque no podemos tolerar sean atacados y vulnerados", remarca.
Según CCOO, los "ataques" al servicio público de la Justicia por parte del ministro hacen converger las reivindicaciones de todos los trabajadores del sector, de los ciudadanos y la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales. En su opinión, resulta "imprescindible" mantener la movilización permanente de todos los colectivos.
A su entender, el comunicado conjunto de las asociaciones de jueces y fiscales -emitido por todas las organizaciones salvo la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales_ supone "un cambio de rumbo" que debe ser valorado positivamente porque contiene "bastantes" cuestiones que el sindicato y "miles" de trabajadores defienden desde hace meses con "la máxima contudencia" en defensa del servicio público.
Ante la reunión prevista para mañana entre la Plataforma Justicia para Todos y el subsecretario de Justicia, CCOO ha afirmado en una nota que trasladará su posición en el sentido de que, en estos momentos, los trabajadores, jueces, fiscales, funcionarios y ciudadanos creen "un frente común en la defensa del servicio público de la Justicia y del empleo".
"Luchar unidos contra las tropelías de este ministro y del Gobierno, es obligación de todos los que estemos de acuerdo en unas cuestiones básicas", ha advertido el sindicato.
Entre ellas, se ha referido al rechazo a la "privatización" del Registro Civil que "eliminará más de 3.500 puestos de trabajo", al necesario aumento de la plantilla, a la derogación de la ley de tasas judiciales, a la derogación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que suprimió prácticamente los jueces sustitutos y a la búsqueda de soluciones que acaben con el "drama" de los desahucios.
