Varios centenares de políticos españoles (más de 300, y la cuenta sube) están actualmente imputados por casos de corrupción. Están pendientes de sentencia, pero seguros de que soportan la desconfianza pública. Baleares y la Comunidad Valenciana son las más marcadas con la impronta de maniobras corruptas por parte de algunos de sus gobernantes en los últimos años, pero nadie se salva de sospechas, condenas y acuerdos prejudiciales. La última vuelta de tuerca llega de la mano del que fue responsable de financiación del PP, Luis Bárcenas, con la información sobre sus cuentas millonarias en el extranjero. La legalidad de los métodos de financiación del partido del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está en duda.Mientras la expresidenta de la Comunidad de Madrid, reconoce que España está ante una peligrosa crisis institucional, lo cierto es que los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la Administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales. El caso es que la corrupción política parece emanar de las prácticas aplicadas en todos los ámbitos de la sociedad. Las relaciones de confianza forman parte de las claves del éxito de cualquier empresa, algo que aplicado a la política desemboca en prácticas poco transparentes, partidistas y próximas a la prevaricación. Aplicar el modelo empresarial a la gestión pública supone aceptar que el objetivo de maximizar los beneficios es también importante, algo que en algunos casos ha tendido más a engrosar bolsillos que a mejorar el servicio al ciudadano.
Algunos de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y exaltos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato. Entre las operaciones en marcha en las islas Baleares destacan casos como el que investiga las actividades presuntamente irregulares cometidas a través del Instituto Noós, que presidía Iñaki Urdangarin, o el 'caso Over Marketing'.
También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. Hay nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción, mientras que Pedro Hernández renunció a su escaño el pasado día 4 de diciembre tras ser condenado a tres años de prisión por su gestión al frente del Ayuntamiento de Torrevieja. Diversos exaltos cargos de la administración de Francisco Camps están implicados también en los numerosos casos abiertos en la comunidad, entre los que destacan investigaciones como la operación Gürtel, que salpica a Bárcenas, o el 'caso Noós'.
Todos los partidos
Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A estos se suman varias decenas de concejales también implicados en estos escándalos locales. Todos los partidos políticos tienen en sus filas afectados por casos de corrupción.
Todas las comunidades autónomas
La mayoría de los regidores municipales están imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas. Es el caso de los casos Pretoria o Mercurio, abiertos en Catalunya, que investigan presuntas tramas de corrupción en Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Sabadell. En Catalunya está abierto aún el 'caso Millet', que estudia la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música y del enriquecimiento de la cúpula de esta centenaria institución cultural barcelonesa. Todas las comunidades autónomas tienen políticos implicados en casos de corrupción.
