Cerca de 7.700 personas trabajan para la administración general del Estado en el extranjero, pero sólo el 56 por ciento está bajo el control del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que alrededor de 3.400, entre funcionarios y personal laboral, dependen de otros ministerios.

Conocer a fondo el mapa de todo este personal, de los edificios que ocupan y de los servicios que contratan será uno de los objetivos del Consejo Ejecutivo de Política Exterior que se pondrá a funcionar con la Ley de Acción Exterior, cuyo anteproyecto aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros.

El titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, llegó a señalar tras presentar el texto que el Gobierno que no sabe ni el número de funcionarios ni de edificios que tiene en el exterior, ni "quién está haciendo qué", aunque los diferentes departamentos sí disponen de esa información. El problema es que no está centralizada.

El propósito del "mapa" que quiere realizarse, apuntan fuentes diplomáticas, es reunir toda la información para reorganizar tanto los recursos humanos como materiales con los que cuenta el Estado con el objetivo de ahorrar costes y ganar en eficacia.

A falta de ese informe, las fuentes ofrecen las cifras del personal que trabaja para el Ministerio de Asuntos Exteriores en el extranjero: 553 diplomáticos, 677 funcionarios y 3.063 trabajadores contratados como personal laboral en cada destino.

El resto de ministerios -Economía, Defensa, Empleo o Educación- suma alrededor de 3.400 personas en diferentes organismos e instituciones, como las oficinas comerciales o las sedes del Instituto Cervantes.

El Consejo de Política Exterior, en el que estarán presentes todos los departamentos implicados en la acción exterior, estudiará toda la documentación y tendrá seis meses desde la entrada en vigor de la ley para elaborar un informe.

Se analizarán desde los metros cuadrados de los que se dispone hasta el precio de los alquileres de los inmuebles ocupados o la fecha de rescisión de los contratos y se intentará, por ejemplo, compartir edificios y servicios comunes.

El objetivo, según se establece en el anteproyecto, es que la gestión esté orientada por "la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad", lo que exige aplicar "políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público".

En cumplimiento de esos principios, "se promoverá" también la integración en los inmuebles del Estado de las oficinas que tienen las comunidades autónomas en el exterior, un ofrecimiento vigente ya en los últimos meses al que se han acogido algunos gobiernos autonómicos para recortar gastos.