El promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha abierto este lunes expediente disciplinario a la exdiputada de Podemos y magistrada Victoria Rosell, por la posible comisión de una falta muy grave de desatención en la tramitación de procedimientos judiciales, prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por haber dictado resoluciones como titular del Juzgado de Instrucción número 8 deLas Palmas de Gran Canaria en un procedimiento en el que había sido recusada.
El expediente tiene su origen en una comunicación de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que el pasado 8 de abril remitió al Poder Judicial un escrito presentado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por un abogado en el que denunciaba a la magistrada, en ese momento diputada al Congreso, por los delitos de falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, retardo malicioso en la tramitación de una causa judicial y contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución. La Fiscalía del alto tribunal, tras analizar la denuncia, no apreció elementos de entidad jurídico penal suficientes para incoar diligencias de investigación penal y acordó su archivo, pero la remitió al Consejo por si de la misma pudiera derivarse alguna responsabilidad disciplinaria.
Tras estudiar el contenido de la denuncia, recabar informe del letrado de la Administración de Justicia (antes secretario judicial) del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, solicitar alegaciones a la magistrada denunciada y practicar otras diligencias, el promotor de la Acción Disciplinaria concluye que la juez Rosell pudo incurrir en una falta muy grave de desatención al intervenir en un procedimiento judicial en el que había sido recusada el 26 de septiembre de 2013.
RECHAZADA RECUSACIÓN
En un auto fechado el 6 de noviembre de 2013 la juez Rosell acordó la inadmisión de la recusación y dispuso que hasta que la Audiencia Provincial de Las Palmas no resolviera el incidente fuera otro magistrado quien continuara la tramitación de las diligencias penales. La recusación fue rechazada el 11 de mayo de 2015 y devolvió las actuaciones al juzgado de Rosell. El problema fue que en ese periodo, “la magistrada Victoria Rosell intervino en la tramitación de la causa en que había sido recusada estando pendiente de resolución el incidente que ella misma acordó remitir a la Audiencia Provincial de Las Palmas”.
Esa intervención se produjo “concretamente en las comparecencias para declaración del investigado Eduardo López Mendoza, que se celebraron los días 11 y 28 de noviembre de 2014”, añade el Promotor. La resolución ha sido ya notificada a la magistrada expedientada, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Fiscalía General del Estado.
