La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lanzó ayer un nuevo órdago al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por un lado amenazó con plantear un conflicto ante el Constitucional, cuando se apruebe la reforma del sistema de elección de los altos cargos de la carrera judicial. Por otro, se autoencargó un estudio jurídico sobre la regulación del matrimonio homosexual después de que Justicia les reiterara que no quiere su opinión sobre esta materia.

Los vocales conservadores son conscientes de que una vez que se apruebe la reforma del sistema de elección de los magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia perderán el poder que han ostentado en los dos últimos años. Hasta ahora, sus 11 votos eran suficientes para imponer a sus candidatos

13 VOTOS Sin embargo, cuando entre en vigor la nueva ley esos nombramientos tendrán que ser acordados por 13 votos. Por ello, la mayoría conservadora se verá en la obligación de negociar con la minoría progresista y con los dos vocales que no son de esos grupos, el elegido a propuesta de CiU y un independiente.

Por ello, los conservadores se plantean llevar esa reforma hasta el Constitucional cuando sea aprobada por las Cortes. Sin embargo, el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, considera que finalmente no cumplirán su amenaza. "Están viviendo un momento muy duro y han optado por atacar al Parlamento estatal", subrayó.

Los vocales conservadores aprobaron, con sus 11 votos, un informe en el que tachan la reforma de inconstitucional y critican al Gobierno por proponerla. Por su parte, los vocales progresistas defienden esa modificación legal tras la experiencia de los dos últimos años en los que se ha producido "un fraccionamiento sistemático del Consejo en materia de nombramientos".

Además, los vocales conservadores decidieron encargar un estudio jurídico sobre el matriomonio homosexual. Los 11 vocales tomaron esta decisión por la transcendencia social de esta materia. El ministro Juan Fernando López Aguilar rechazó ese argumento en un escrito que les hizo llegar antes de que empezara el debate.

Además, el Ministerio de Justicia les explicó que el CGPJ "no es el supremo órgano consultivo del Gobierno de la nación ni tiene funciones de órgano asesor de las Cortes Generales".