El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado cinco días más de plazo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para que formule alegaciones antes de que este órgano decida si le suspende provisionalmente de sus funciones mientras el Tribunal Supremo (TS) tramita varias querellas contra él. Así lo ha anunciado hoy la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde ha inaugurado las I Jornadas de Comunicación y Justicia de la capital.

La comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces dio el pasado 16 de febrero a Garzón un plazo de diez días, que acababa hoy, para que alegara lo que considerara oportuno, pero el magistrado pidió ayer una prórroga, que ha sido aceptada por el Consejo General del Poder Judicial. Garzón tiene entonces hasta el próximo jueves para hacer sus alegaciones, según han informado a Efe fuentes del Consejo, que explicaron que tal prórroga está contemplada en la Ley de Procedimiento Administrativo.

En declaraciones a los periodistas, Bravo se ha mostrado convencida de que la resolución que adopte la comisión permanente sobre Garzón será "meditada","tendrá en cuenta y se valorarán todos los elementos" y "se adoptará en el momento oportuno". "Todos los magistrados de este país que forman parte del Poder Judicial son esenciales para contribuir a la tutela de los Derechos y Libertades, pero el ciudadano tiene que entender que a los jueces y magistrados, como a cualquier ciudadano español, se les puede exigir responsabilidades en el ejercicio de sus funciones", ha añadido.

El Consejo acordó el pasado 9 de febrero iniciar los trámites para proceder a la suspensión de funciones jurisdiccionales de Garzón, preguntando al fiscal sobre la procedencia de esta medida, después de que el TS rechazara archivar la querella en la que investiga al juez por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y admitiera otra en relación con los cobros recibidos del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York.

Posteriormente, la semana pasada, el Supremo admitió a trámite una tercera querella por prevaricación contra Garzón, esta vez la de un abogado de un imputado en el "caso Gürtel", por ordenar intervenir las comunicaciones entre los cabecillas de la trama que se encontraban en prisión y sus letrados. Por su parte, la Fiscalía se ha opuesto a que el juez de la Audiencia Nacional sea suspendido de funciones, al entender que esta medida iría contra la "independencia e inamovilidad" necesarias para que un juez ejerza su labor.