La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido permitir que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pueda dar explicaciones y presentar alegaciones antes de que se inicien los trámites para estudiar si se le suspende cautelarmente en sus funciones en relación con las dos causas abiertas contra el magistrado en el Tribunal Supremo.Los vocales del CGPJ decidieron por unanimidad dar 10 días de plazo a Garzón para que pueda presentar "cuantas alegaciones estime oportunas", según han informado fuentes del máximo órgano de Gobierno de los jueces.
Para que el magistrado de la Audiencia Nacional pueda defenderse, el Consejo le dará traslado de la documentación que consta en el expediente abierto contra él. A pesar de que el CGPJ no suele conceder audiencia a los magistrados a los que abre un expediente disciplinario, la ley de procedimiento administrativo contempla esta posibilidad, de modo que antes de decidir sobre su eventual suspensión cautelar los vocales podrán valorar sus argumentos, y no solo los de la fiscalía, a la que ya se ha solicitado informe.
Querellas
El Consejo inició el pasado 9 de febrero los trámites para suspender cautelarmente y dejar fuera de la Audiencia Nacional a Garzón, como consecuencia de las dos causas abiertas contra él en el Supremo. Los vocales de la Comisión Permanente del CGPJ decidieron dar traslado a la Fiscalía General del Estado de los autos dictados por el Supremo contra Garzón para que emita en los próximos días un informe sobre la pertinencia de suspender temporalmente al juez de la Audiencia Nacional hasta que se resuelvan las causas que se siguen contra él.
El CGPJ tomó esta decisión después de que los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, artífices de una de las querellas tramitadas en el Supremo contra Baltasar Garzón, solicitaran el cese del juez. Los letrados presentaron un escrito en el CGPJ en el que aseguran que es "una temeridad o actividad de alto riesgo por parte de los componentes de la Comisión Permanente de ese Consejo el permitir que el magistrado Garzón siga desempeñando sus funciones" y ejerciendo como juez.
Delito de prevaricación
Los querellantes consideran que el auto dictado hace dos semanas por el instructor de la causa contra Garzón, el magistrado del Supremo Luciano Varela, "no deja otra posibilidad al Consejo que acordar de inmediato la suspensión" del juez de la Audiencia Nacional. El auto de Valera situó a Garzón a las puertas de ser juzgado por un delito de prevaricación que presuntamente habría cometido al investigar los crímenes de la dictadura de Franco. El instructor afirmó que el juez de la Audiencia Nacional "decidió conscientemente ignorar y orillar" la legislación vigente con su investigación.
La política disciplinaria del Consejo establece que en las causas donde la fiscalía no ejerce la acusación, lo que es el caso del procedimiento contra Garzón, no se suspende al juez en sus funciones hasta que no es procesado, es decir, hasta que no es llevado a juicio. Los letrados, según señalan en su escrito, consideran que el auto dictado por Varela "equivale de todo punto a un procesamiento". Por lo tanto, Mazón y Panea pidieron al CGPJ que cumpla lo dispuesto en el artículo 383 de la ley orgánica del poder judicial que ordena la suspensión de los jueces cuando se proceda contra ellos por delito doloso cometido en el ejercicio de sus funciones.
La Comisión Permanente está compuesta por los vocales Margarita Robles, Almudena Lastra, Manuel Almenar y Antonio Dorado Picón y por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar.
