La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer reclamar a los políticos que sean respetuosos con la instrucción judicial del 11-M, después de que Mariano Rajoy cuestionara la labor de policías, fiscales y jueces. Los vocales conservadores Enrique López y Carlos Ríos se abstuvieron.
El acuerdo fue adoptado después de que el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, remitiera al Consejo un informe en el que aclaraba que el juez Juan del Olmo, instructor del sumario del 11-M, se equivocó al enseñar una mochila al policía Miguel Angel Alvarez, encargado de recoger los objetos hallados en la estación de El Pozo del Tío Raimundo el día de la masacre. Alvarez le dijo al juez que esa no era la mochila que se había retirado del tren.
No sólo el juez le mostró por error otra mochila. Además, este inspector no podía saber si la que él hizo traer de El Pozo a la comisaría del Puente de Vallecas era la que contenía la bomba sin estallar, porque cuando fue desactivada, en la madrugada del día 12 de marzo, ya se había retirado a descansar. El contenido de esa bolsa proporcionó la pista para practicar las primeras detenciones, el 13 de marzo.
Tras las sorprendentes palabras de Rajoy de la víspera, la comisión permanente del CGPJ instó ayer a respetar las "resoluciones adoptadas en los procesos judiciales". Dívar defendió la instrucción del sumario del 11-M. Y dio un consejo a los que se ponen nerviosos: "Pues que se tomen un Orfidal tranquilizante".
PREMIO DENEGADO Fuentes de la Audiencia Nacional facilitaron ayer el contenido de un escrito remitido por el policía Alvarez a sus superiores. En esa carta narra su trabajo los días 11 y 12 de marzo del 2004 y reclama la concesión de una medalla, con derecho a paga. La Dirección de la Policía le negó ese premio. El agente expresó su malestar con esa decisión y sus superiores remitieron al juez ese escrito.
