El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará mañana un informe sobre las nuevas atribuciones de los procuradores que expresa "la preocupación" porque con esta medida se creen dos tipos de justicia, "una gratuita y otra de pago, que en principio se presume más rápida y eficaz".

Así figura en el documento que ha elaborado la Comisión de Estudios e Informes del Poder Judicial, al que ha tenido acceso EFE, que señala que estos cambios que se pretenden introducir en el procedimiento civil "no pueden servir para crear y legitimar una Justicia de dos velocidades en la práctica".

Y ello, alerta el informe, porque "la eficacia y agilidad" solo se pueda acabar dando "en los casos en los que esos actos procesales los realice el procurador de la parte, a petición y a cargo de ésta".

El Ministerio de Justicia ha elaborado un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobado en mayo por el Consejo de Ministros, que refuerza las funciones de los procuradores, sobre todo en materia de notificaciones, en las que tendrán la condición de agentes de la autoridad.

La ley permitirá al ciudadano elegir si quiere que sea el procurador, bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial, quien practique los actos de comunicación, los embargos y algunos actos de ejecución de la resolución que se dicte al final del proceso, o, como hasta ahora, sigan siendo los funcionarios de la Administración de Justicia quienes lo hagan.

La comisión de Estudios del CGPJ ha expresado "la preocupación" que le suscita este proyecto "dentro del contexto en que se han producido las últimas reformas en la Administración de Justicia, en concreto con el establecimiento de tasas por el ejercicio de la actividad jurisdiccional".

El informe alerta también de que si esta reforma tiene como consecuencia una reducción del número de secretarios o funcionarios judiciales, que a su vez provoque una más lenta tramitación o paralización de los actos procesales de comunicación, auxilio y ejecución de los actos que tienen encomendados, el anteproyecto y la ampliación de facultades de los procuradores contará con la "firme reprobación" del Poder Judicial.