El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió ayer en el ejercicio de sus funciones al juez de Marbella Francisco Javier de Urquía después de que fuera imputado por los delitos de prevaricación y soborno en el caso Malaya contra la corrupción urbanística. La decisión fue adoptada por la comisión permanente del organismo, que se reunió con carácter extraordinario tras recibir un auto de la sala penal y civil del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que le comunicaban la apertura de diligencias penales.
El portavoz del CGPJ, Enrique López, informó de que la decisión se acordó al amparo del artículo 383.1 de la ley orgánica del poder judicial, que fija que es causa de suspensión de un juez la comisión de delitos durante sus funciones. Además, afirmó que De Urquía había cometido "los delitos más graves que puede cometer un juez". El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, apoyó la medida.
LOS IMPUTADOS La suspensión de De Urquía se alargará lo que dure la investigación. López confirmó que el juez de Marbella estaba vinculado con el caso Malaya, pero se negó a revelar más datos, ya que la causa está bajo secreto. Ya son 105 los imputados por la operación Malaya, aunque solo tres están en prisión.
En los próximos días un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía interrogará a De Urquía. El juez suspendido, según fuentes jurídicas, explicó a sus funcionarios que no había hecho "nada malo". De Urquía forma parte del grupo de jueces con el que se quiso dar aire fresco a los juzgados de Marbella tras la etapa de Jesús Gil.
Su nombre saltó a los titulares cuando dirigió en abril el caso Hidalgo . En esa operación intervino 92 millones de euros y ordenó la detención de unas 20 personas.
LA ACTUACION Como titular del Juzgado número 2 de Marbella ha interrogado por delitos urbanísticos a diversos imputados en el caso Malaya . Los exalcaldes Marisol Yagüe y Julián Muñoz y los exediles Rafael González y Rafael Calleja han pasado por su despacho en los últimos meses.
El instructor del caso Malaya , Miguel Angel Torres, remitió al Tribunal Superior andaluz sus investigaciones cuando se topó con el nombre de De Urquía. Torres ha ido cerrando el cerco de esta trama por fases. Primero, cayeron los ediles y los funcionarios municipales que cobraban por seguir las directrices de Roca, así como los abogados encargados del blanqueo de capitales.
Luego, se sumaron los empresarios que aportaron el dinero a cambio de licencias urbanísticas, y después, los familiares y profesionales que ayudaban a mover el dinero. Entre los detenidos hay un funcionario judicial de Marbella que supuestamente informaba a Roca de movimientos sobre sus actividades.
