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JUICIO A LOS EXPRESIDENTES SOCIALISTAS DE ANDALUCÍA

Chaves y Griñán conocerán hoy la sentencia de los ERE

El fiscal pide hasta ocho años de cárcel para 21 exaltos cargos

 

José Antonio Griñán. -

JULIA CAMACHO SEVILLA
19/11/2019

Los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros 19 exaltos cargos autonómicos, sabrán por fin hoy si son o no condenados por el caso de los ERE fraudulentos. A mediodía están citados en la Audiencia de Sevilla para conocer un fallo que superará los 1.700 folios tras una investigación que se remonta a finales del 2010. Según fuentes judiciales, se han extremado las precauciones al máximo para evitar filtraciones.

La denominada pieza política de los ERE, la primera de las 187 en las que se troceó la macrocausa de corrupción andaluza, supuso en la práctica un cuestionamiento de las políticas socialistas en Empleo en la comunidad durante más de una década. Estas dejaron entrever, apuntó la acusación popular que ejerció el PP, que las ayudas públicas sirvieron para acallar los conflictos laborales de un periodo convulso y de paso, afianzar al PSOE en el poder. Eso sí, pese a las críticas del PP y sus intentos por equipar el caso a la trama Gürtel, desde el primer momento quedó descartado que los políticos se hubieran enriquecido a título personal o que hubiera financiación ilegal del PSOE. El juicio, que se prolongó un año, quedó visto para sentencia hace once meses.

PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN / La Fiscalía Anticorrupción mantuvo que la cúpula socialista articuló a propósito un sistema inadecuado y sin fiscalización para poder conceder ayudas a empresas en crisis de forma arbitraria y opaca. Así, atribuyó a todos los encausados un delito continuado de prevaricación, por el que pidió entre 10 y 30 años de inhabilitación. Además, para 15 de los acusados, entre ellos Griñán, añadió un delito de malversación con petición de penas de entre 6 y 8 años. Ese procedimiento se basó en las transferencias de financiación, mecanismo usado en las empresas públicas para financiar operaciones genéricas y que, según los peritos, se usó de forma «indebida» e incluso «ilegal».

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