El proyecto de Ley de Seguridad Privada, que potenciará la colaboración del sector con las fuerzas de seguridad e impondrá mayores controles a los detectives, inicia mañana su tramitación parlamentaria con las enmiendas a la totalidad presentadas por CiU e IU.
Será el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien defienda en el Congreso de los Diputados mañana el proyecto de ley que han pedido se devuelva al Gobierno los grupos parlamentarios de CiU y la Izquierda Plural.
En el caso de CiU, la enmienda defiende que el proyecto invade las competencias de Cataluña en esa materia, aunque el grupo nacionalista comparte la necesidad de abordar la reforma de un sector tan relevante para adaptarlo al actual marco legal.
Para CiU, el proyecto invade competencias autonómicas en autorización, control, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones que tengan su domicilio en Cataluña, así como de los despachos de detectives situados en esa comunidad.
CiU pide que se corrijan esas invasiones ya que la norma "ignora completamente" la actual distribución competencial y priva a la Generalitat de desarrollar las funciones que se recogen en su Estatuto de Autonomía.
Mientras, la Izquierda Plural considera que el proyecto abre la puerta a la privatización de la seguridad pública y advierte de que no existe una demanda social que justifique la prestación de nuevos servicios de seguridad privada.
"La invasión de áreas de la seguridad pública, la pretensión de situar a las empresas de seguridad privada en pie de igualdad con los cuerpos policiales o la consideración de agentes de la autoridad para empleados privados puede contravenir la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad", además de ser de "dudosa constitucionalidad".
La futura ley impondrá mayores controles a los detectives privados, prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad y potenciará la capacidad de un sector que complementará, colaborará y será subordinado a las fuerzas de seguridad.
Respecto al trabajo de los detectives, Interior obligará a las agencias de detectives a que destruyan los sonidos e imágenes grabados durante sus vigilancias un año después de la finalización de su informe, así como la prohibición de utilizar medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor y la intimidad personal o familiar.
La nueva normativa, que sustituirá a la de 1992, tiene como objetivo regular de forma "integral" la seguridad privada de acuerdo al desarrollo de un sector que agrupa a casi 1.500 empresas, da trabajo a 85.000 personas y factura en torno a 3.500 millones de euros al año.
El texto define la seguridad privada como complementaria, subordinada, colaboradora de la pública, bajo supervisión y control de esta última, aunque se amplía el campo de acción de sus actividades con la posibilidad de realizar nuevos servicios como la vigilancia exterior de las cárceles o de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Con respecto al borrador, la iniciativa que ha llegado a las Cortes ha suprimido la pretensión inicial de que las empresas de seguridad privada pudieran encargarse de las investigaciones hasta ahora reservadas a los detectives.
