CiU quiere que los jueces, magistrados, fiscales y otros funcionarios judiciales que ejerzan en una comunidad autónoma con lengua propia estén obligados a conocerla de manera "adecuada y suficiente" para garantizar el principio de "eficacia" de la Administración.
Por este motivo, ha registrado en el Congreso una proposición de ley que plantea modificar la ley del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal con el fin de que el conocimiento de la lengua cooficial del territorio de destino sea un "requisito" para la prestación de servicios en el ámbito judicial.
En opinión de CiU, la administración de justicia ha quedado en este sentido como un "reducto aislado", poco permeable al uso de las lenguas cooficiales, y recuerda, además, que, según su Estatuto de Autonomía, todas las personas tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan en todas las actuaciones judiciales.
Y esta reclamación que plantean los nacionalistas catalanes no tiene que ver sólo con el "carácter oficial" del idioma -señala el texto de la iniciativa, sino también con el "principio de eficacia" de la Administración, que, a juicio de CiU, no puede desarrollar eficazmente su actividad si desconoce una cosa tan imprescindible" como el idioma propio del territorio.
La lengua -recalca en la proposición- no puede ser un motivo de "exclusión"en las relaciones de los ciudadanos con la Administración.
De esta manera, plantea, entre otras modificaciones legislativas, eliminar el principio según el cual el castellano es la lengua propia de la Administración de Justicia y lo sustituye por el principio general de que los jueces y otros funcionarios puedan utilizar cualquiera de las lenguas oficiales.
No obstante, limita este carácter potestativo al introducir el derecho de los ciudadanos a recibir cualquier notificación en la lengua que escojan, sin que se pueda alegar su desconocimiento por parte de los funcionarios.
