El acuerdo sellado ayer entre CiU y el PSC, mediante el cual los socialistas se comprometen a abstenerse para facilitar hoy la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat incluye el compromiso de "preservar el modelo lingüístico de la escuela catalana" y, como parte intrínseca de él, el sistema de inmersión lingüística. Nacionalistas y socialistas no discrepan en esta materia, por lo que, a buen seguro, en la inclusión de este precepto en el pacto pesó bastante la sentencia que había dictado horas antes el Tribunal Supremo. Dicho fallo reinterpreta la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la inmersión lingüística, fijada en el fallo sobre el Estatut, que avalaba el uso del catalán como lengua vehicular en las aulas. Los detractores del modelo, vigente desde 1983, celebraron el dictamen como una victoria "histórica".

Según la sentencia, el Supremo ordena a la Generalitat que adopte "cuantas medidas sean precisas" para adaptar su sistema de enseñanza "con el objeto de que el castellano se utilice también como lengua vehicular o de aprendizaje, junto con el catalán". El fallo parte de la denuncia de tres familias que exigían la "reintroducción" del castellano como lengua vehicular, de forma "proporcional y equitativa" en toda la enseñanza obligatoria.