El grupo parlamentario de CiU en el Congreso justificó su enmienda a la totalidad de los presupuestos generales para el 2010 con la presentación posterior de 800 enmiendas parciales. Paradójicamente, el mismo rechazo expresado al nuevo modelo de financiación autonómica solo ha merecido seis enmiendas convergentes a la reforma de la principal ley que lo hará posible.
Una cifra que no se corresponde con la oposición frontal con la que el partido liderado por Artur Mas saludó al acuerdo auspiciado por PSC, ERC e ICV-EUiA el pasado julio, tras dos años de negociaciones con el Gobierno central. Así se volvió a evidenciar el jueves en el debate en la Cámara baja que permitió al proyecto pasar su primera reválida parlamentaria con los votos en contra de CiU, PP, UPD y el BNG. Ese día se rechazaron las enmiendas a la totalidad de estas cuatro fuerzas políticas y se cerró también el plazo de presentación de alegaciones parciales a la reforma de las dos leyes que validarán el nuevo sistema.
La principal es la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), mientras que la segunda es de carácter ordinario y sirve de acompañamiento a la primera para regular su desarrollo. Las seis enmiendas de CiU a la reforma de la LOFCA son genéricas y no ofrecen un plan alternativo, lo que induce a pensar que los convergentes dan por bueno el sistema actual, vigente desde el 2001 y pactado por Mas y el ex entonces presidente José María Aznar.
EL CUMPLIMIENTO DEL ESTATUT Sin embargo, la mayoría de ellas coinciden conceptualmente en invocar el cumplimiento del Estatut, que considera manifiestamente insuficiente ese sistema.
El diputado socialista Francesc Vallès mostró ayer su "sorpresa" por la cantidad y la "indefinición" de estas alegaciones, y tildó de "políticamente oportunista" el rechazo a un acuerdo que en Cataluña han defendido agentes sociales y económicos.
