El tripartito catalán y CiU cerraron ayer, tras una lentísima y extenuante negociación, un acuerdo sobre el modelo de financiación deseable, según ambas partes, para Cataluña. El texto, examinado previamente palabra a palabra por ambas partes por la desconfianza mutua sembrada en las últimas jornadas, quedó incluido ayer en el proyecto de Estatuto autonómico para que hoy, en una sesión de aquellas que muchos gustan definir como históricas, sea votado solemnemente. José Luis Rodríguez Zapatero recibirá ahora un proyecto firmado por el PSC que pretende remover parte de las estructuras del Estado y propiciará, presumiblemente, grandes tensiones entre el PP y el PSOE y entre los propios dirigentes de este último partido.

A las 21.20 horas de ayer, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, y el líder de CiU, Artur Mas, se hicieron la fotografía simbólica del acuerdo. Para llegar a ese punto, la federación nacionalista hizo pasar al tripartito un largo calvario durante todo el día.

PROCESO LENTO Tan lento era avance, que el presidente de la Cámara catalana, Ernest Benach, se vio obligado a suspender el pleno, pues el debate y votación del título referido a la financiación estaba a punto de dar comienzo hacia las seis de la tarde y los negociadores continuaban encerrados en un despacho del Grupo Parlamentario de CiU. El escenario no era neutro. La federación quiso provocar la imagen para las cámaras de los diputados de PSC, ERC e ICV-EUiA entrando en territorio convergente . Cuando ya sólo quedaban flecos por resolver, la reunión, un poco cómicamente, se trasladó a las dependencias socialistas, al otro lado del edificio del Parlamento autonómico.

Entre idas y venidas, ambas partes diseñaron un modelo de financiación autonómica que técnicamente no tiene nada de concierto económico y que esquiva expresiones que puedan ser interpretadas como un concierto encubierto, pero que, en la práctica, guarda enormes parecidos con las propuestas que desde hace una semana CiU ha defendido con vehemencia y que el PSC ha rechazado por considerarlas inaceptables.

En esencia, Cataluña aspira a recaudar todos los impuestos y a transferir después a la Administración central una cantidad en concepto de gastos generales del Estado y otra en concepto de solidaridad con las regiones más pobres. Para el cálculo de esas cifras se tendrá en cuenta la evolución económica que experimente Cataluña y la del resto de autonomías, de modo que no es un modelo rupturista.

Con todo, el tripartito, en especial el PSC, sabía anoche que había elevado el listón a un nivel de difícil digestión para el PSOE. En la primera sesión del debate del Estatuto, anteayer, la definición de Cataluña como nación desencadenó en el Parlamento catalán un anodino debate en el pleno, sólo salpimentado por las intervenciones ingeniosas --contrarias, por supuesto-- del diputado del PP Francesc Vendrell. Sin embargo, la cuestión desencadenó en los círculos políticos de Madrid un intenso fuego cruzado de declaraciones.

La referencia a la laicidad en la escuela pública fue otro de los escollos que se salvaron ayer en la redacción del texto final.

LOS TRAMITES El Parlamento catalán aprobará hoy el Estatuto. En el próximo pleno, se elegirán a los tres diputados que defenderán el proyecto en el Congreso de los Diputados. En paralelo, el texto entrará en el registro de la Cámara baja y la Mesa decidirá si lo admite. En caso positivo, la Mesa fija un pleno, en principio el primero de noviembre o diciembre, para que los diputados admitan o no su tramitación.

Si el pleno del Congreso da su visto bueno, cosa que no ocurrió con el plan Ibarretxe en enero, pero sí con el texto valenciano, se abre un periodo de un mes para la presentación de enmiendas y de dos meses para que se nombre la comisión constitucional que estudiará el texto.

La comisión remitirá el Estatuto al Congreso. De aprobarse (es necesaria la mayoría absoluta), se enviará al Senado. Si éste no realiza retoques, lo devolverá a la Cámara baja, que lo remitirá a Cataluña para que se ratificado en referendo por los catalanes. En el mejor de los casos, esto sucedería en otoño del 2006.