Batasuna ha demostrado en los últimos tres años su capacidad para superar el difícil reto de la ilegalización. Sus dirigentes siguen convocando ruedas de prensa en nuevas sedes --como ocurrió ayer mismo-- y su discurso tiene peso en la política vasca. Pese a no contar con representantes en las instituciones, han logrado improvisar formas de financiación alternativas. Además, sus actos públicos se han sucedido sin interrupción incluso cuando aún gobernaba el PP. Aunque en ocasiones han recurrido a intermediarios para las convocatorias, el camuflaje es cada vez más tenue.

La respuesta desde las instituciones a esta situación de hecho, que ha dejado sin efectos prácticos muchas de las restricciones de la ley de partidos, ha dependido del momento político. Especialmente tibia ha sido la actitud del Gobierno vasco, obligado a cumplir una ley que rechaza. Pero la Policía Nacional y la Guardia Civil también han aplicado criterios oscilantes, por ejemplo según si el acto se celebrara en Navarra o en Euskadi.

Batasuna ha mantenido el mismo nivel de presencia pública que antes de ser ilegalizada por el Supremo en marzo del 2003. Las concentraciones y manifestaciones del entorno batasuno , aunque con un notorio descenso de asistentes, se han venido celebrando sin problemas.

Incluso se han desplegado grandes manifestaciones sin interrupciones. La falta de un criterio firme ha sido una constante, como el pasado mes de agosto, cuando una manifestación en favor del proceso de paz fue prohibida en San Sebastián por el Gobierno vasco, que esgrimió riesgo de incidentes. Días después, se celebró sin problemas una marcha idéntica en Bilbao. En los carteles aparecía el nombre y logotipo de Batasuna.

El proceso de debate Bide eginez (Haciendo camino) que debía concluir este sábado en Barakaldo da muestra de la capacidad para eludir la ilegalización, pero también de sus efectos. Según datos internos, se han celebrado 260 asambleas en las que han participado más de 7.000 personas. La participación ha descendido, ya que para la creación de la plataforma electoral Euskal Herritarrok tomaron parte unas 18.000 personas.

El 26 de agosto del 2002, el juez Baltasar Garzón ordenó el cierre de sus sedes oficiales y las herriko tabernas (sedes sociales). Pasados tres años y medio, la izquierda aberzale ha solventado el grave contratiempo que mina su economía. Lo más sencillo ha sido eludir el cierre de las herriko o bares oficiales , ya que muchos se han reabierto o han sido sustituidos por otros similares. La importancia de estos pequeños núcleos es fundamental para mantener articulada la militancia y seguir recaudando fondos mediante colectas y sorteos.

Nuevas sedes

Sus sedes principales en las capitales vascas permanecen cerradas, pero cada vez con mayor frecuencia surgen recintos clandestinos, sin logotipo en la puerta, ni nombre en el buzón, en los que son citados los medios informativos. Ayer mismo, Arnaldo Otegi y Joseba Permach utilizaron una nueva oficina en un polígono donostiarra. El camuflaje de sus comparecencias también se ha debilitado. Todavía se elude el logo de Batasuna, pero se utilizan sus colores corporativos con otros lemas.