La reforma de las pensiones propuesta por el comité de 12 sabios elegidos por el Gobierno persigue el establecimiento de mecanismos para el ajuste de los gastos en pensiones para afrontar la situación de crisis de las cuentas públicas. El objetivo de recorte del déficit impuesto por Bruselas e impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy anima la búsqueda de medidas de ahorro que se traducirán, si se llega a aplicar el texto propuesto, en un recorte no solo de las pensiones futuras, sino también de las que actualmente se pagan al modificar el sistema de revalorización automático. La crítica principal a la iniciativa es que el Gobierno puede aprovechar la crisis coyuntural actual del sistema de pensiones, provocado por la alta tasa de paro, para plantear ajustes a medio y largo plazo, sin recurrir al fondo de reserva creado para aliviar situaciones de tensión financiera como la actual.

Las tres claves de la reforma propuesta son las siguientes:

1. Revalorización de la pensión.

Según el texto propuesto, se modificarían los criterios de actualización o revalorización. Hasta ahora la actualización anual es el elemento que más contribuye al incremento anual de la factura de las pensiones (una media de 2.000 millones anuales desde los años ochenta, teniendo en cuenta la inflación). La idea es abandonar la actualización automática de las pensiones y pasar a un sistema que tenga en cuenta una nueva fórmula de actualización anual en función de los ingresos y los gastos del sistema en su conjunto. El resultado de esta fórmula es que la pensión puede llegar a recortarse si la situación económica general lo requiere. Para evitar el recorte de pensiones bajas podría establecerse una cláusula suelo. La solidez del sistema, la caja de la Seguridad Social, podría fortalecerse con aportaciones decididas por el Gobierno (tanto gracias a las cotizaciones sociales de los contratos como por la vía de impuestos especiales).

2. Edad de jubilación.

Los expertos han decidido olvidarse de retrasar la edad de jubilación, ya que en la práctica el mercado español muestra que esa edad es bastante inferior al máximo legal. La propuesta no aconseja seguir retrasando la edad legal de jubilación más allá de los 67 años ni anticipar su llegada antes de 2027, ni tampoco modificar o acelerar los cambios en el periodo del cómputo de la pensión ya previstos.

En cualquier caso, está previsto que el periodo de cálculo de las pensiones se eleve hasta 25 años en el 2022. En la práctica, pese a que la vida laboral llegue hasta el momento de la jubilación la pensión siempre será inferior a las últimas nóminas recibidas y será responsabilidad del pensionista haber conseguido otras fórmulas financieras para complementar la retribución tras la jubilación.

3. El factor generacional y la esperanza de vida.

Este nuevo esquema de revalorización se complementa en la propuesta de los expertos con un factor de corrección bautizado como de equidad intergeneracional, pensado para las nuevas pensiones que se generen a partir de la puesta en marcha de la reforma (el comité recomienda aplicarla como muy tarde en el 2019). Este factor vincula la prestación con la esperanza de vida en el momento de la jubilación a través de un coeficiente que, aplicado a la cuantía de la pensión, equipara las cantidades a percibir de todos los pensionistas.