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el real decreto

El CNI celebra que la UE deba alojar los servidores

 

El diputado de ERC Gabriel Rufián, en un momento del pleno. -

28/11/2019

La Generalitat anunció ayer, tras la aprobación del decreto ley sobre seguridad pública en internet, que pedirá un informe al Consejo de Garantías Estatutarias para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Poco antes de que el Consejo de Ministros lo aprobara el pasado mes de octubre, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, reconoció que el principal objetivo de esa iniciativa es luchar contra la llamada república digital catalana. «Ni habrá independencia offline ni on line», aseguró.

El decreto autoriza al Ejecutivo central a intervenir redes, servidores y servicios de comunicaciones electrónicas si considera que afectan al «orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional». Además, obliga a que los servidores de las administraciones y entidades públicas estén alojados en la Unión Europea, y en el caso de información sensible (como los datos biométricos), en territorio español.

Fuentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del que depende el Centro Criptológico Nacional (CCN) sobre ciberseguridad, no quisieron entrar en las consecuencias políticas del decreto y subrayaron las bendiciones de los cambios legislativos para asegurar que los servidores que pueda utilizar la Generalitat de Cataluña en su intento de crear una república digital paralela deban estar en la Unión Europea. «Así los catalanes se pueden asegurar que están protegidos por las normas europeas en materia del uso de los datos personales que puedan facilitar», señalaron esas fuentes.

El centro de ciberseguridad del CNI fue noticia ayer porque ofreció la habitual rueda de prensa anual en la que da cuenta a grandes rasgos de los principales ataques sufridos por las webs de las administraciones públicas y de las empresas privadas durante este año. Esta vez ha detectado 36 incidentes «críticos» a ordenadores y sistemas informáticos del sector público y de compañías estratégicas (luz, agua...), de los cuales 22 se originaron en otros países.

Los expertos en redes del CNI consideran que están cerca de poder desmontar la aplicación de Tsunami Democràtic, ya que han detectado «vulnerabilidades».

Tsunami Democràtic nació el 2 de septiembre con el objetivo de organizar las protestas a la sentencia del 1-O, comunicada en octubre Esa misma jornada, consiguieron bloquear el aeropuerto de El Prat. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ordenó el día 18 el bloqueo de la aplicación, aunque volvió a aparecer en otro dominio. Y el pasado día 11 Tsunami informó de movilizaciones como el corte de la Jonquera. Su proveedor está localizado fuera de la UE. PILAR SANTOS

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