L a primera vez que Pedro Sánchez habló de «cogobernanza» fue a primeros de mayo. «Superados los peores momentos de urgencia, podemos ahondar en la coordinación y mejorar la cogobernanza de la desescalada», dijo. Habían pasado cincuenta días desde que el Gobierno declaró un estado de alarma que convirtió al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el mando único de un área con la gran mayoría de competencias. El 21 de junio las comunidades recuperaron su poder en la gestión de la pandemia. Ahora, con la amenaza de una «segunda ola», el Gobierno descarta el mando único y cede el estado de alarma en manos autonómicas.
Entre los líderes autonómicos los hay que acusan a Sánchez de «dejación de funciones» o de lavarse las manos ante lo que está por venir, y en muchos casos son los mismos que reclamaban poder gestionar las medidas para combatir la crisis sanitaria. El dirigente cede ahora el mando único a las autonomías porque «lo están haciendo bien» y el estado autonómico «no es algo de quita y pon».
Al día siguiente de que el BOE alumbrara el decreto de estado de alarma, Pedro Sánchez convocó una conferencia de presidentes autonómicos por videoconferencia que congregó por primera vez desde el 2012 a los 17 líderes territoriales y de las dos ciudades autónomas. De aquel encuentro salió el primer plan de acción conjunto, aunque no unánime: Quim Torra se negó a rubricarlo. El president pidió medidas más restrictivas, y el lendakari se lamentó de que el Gobierno tomara el control de la Ertzaintza. Cada domingo hasta mediados de junio, los presidentes se reunieron hasta 14 veces de forma telemática, en citas marcadas por acuerdos unánimes pero también cruces de acusaciones, tensiones y conflictos.
La forma de contabilizar los datos trajo más de un quebradero de cabeza. El Gobierno llegó a acusar a Cataluña y Madrid de «intentar confundir» y ocultar sus cifras. Al Ejecutivo también le llovieron críticas por la compra de material sanitario. Torra reclamó al Gobierno las competencias en Sanidad con el pretexto de que la coordinación de los suministros había fallado. Urkullu se quejó más tarde de tener que gestionar la crisis «con recursos propios». E Isabel Díaz Ayuso acusó al Gobierno de requisarle material y no permitirle hacer sus propias compras. La presidenta de Madrid llegó con casi dos horas de retraso a una de las reuniones telemáticas por ir a Barajas a recibir un avión con material sanitario.
Torra fue de los primeros en pedir medidas más restrictivas y el confinamiento total de Cataluña. Se sumaron a la petición el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, y el de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, mientras otros barones socialistas cerraban filas con Sánchez. El que llegó más lejos fue el popular Fernando López-Miras, que decretó el confinamiento total de Murcia, pese a que el Ejecutivo central no le reconocía las competencias para hacerlo. A mediados de abril, las comunidades alzaron la voz para pedir más «poder de decisión» en la desescalada. Los líderes territoriales alegaron disponer de datos suficientes que les permitirían recorrer este camino sin peligro. Pero Moncloa ya había decidido que pilotaría el mando único. Mientras el Ejecutivo no contentaba a los barones ni en la elección del área geográfica para la desescalada, la falta de apoyos hacía peligrar la cuarta prórroga del estado de alarma, «imprescindible» para mantener el plan de desescalada del Gobierno.
En la transición a la «nueva normalidad» el timón lo llevó el Gobierno central, una situación que contrasta con la última anunciada. Sobre la posibilidad de que el Gobierno actúe «de oficio» frente a una comunidad con malos datos sanitarios que no tomara medidas, Sánchez evitó responder en rueda de prensa
En educación, la «cogobernanza» también ha tenido complicaciones. El ministerio anunció un acuerdo con las comunidades para finalizar el curso bajo la premisa de «promoción general» del que se descolgaron cinco autonomías. A medida que se acercaba la fecha de la vuelta a las aulas, aumentaron los reproches por la falta de liderazgo.
La polémica se zanjó con un acuerdo in extremis entre Educación y las autonomías para una vuelta al cole presencial y «segura», cuya unanimidad se vio interrumpida por la «abstención» del País Vasco. La última conferencia, ya presencial, fue el 31 de julio con la ausencia de Torra y el amago de Urkullu y Ayuso, que finalmente acudieron. Centrada en las medidas económicas para paliar la crisis, aquí tampoco hubo acuerdo. H
