Las autoridades venezolanas consideran que no hay células durmientes de ETA en este país latinoamericano y que la treintena de etarras que llegaron al país como refugiados bajo los gobiernos de los presidentes socialdemócratas Jaime Lusinchi (1984-1989) y Carlos Andrés Pérez (en su segundo mandato, 1989-1993) son "gente dedicada al trabajo, que no ha dado muestras de participar en actividades subversivas, ilegales o terroristas".

Así lo declararon tanto el actual vicepresidente, José Vicente Rangel, como el ministro de Interior, Jesse Chacón, cuando hace un par de meses estalló la polémica al conocerse que uno de ellos, José Arturo Cubillas, ocupaba un cargo en el Ministerio de Agricultura y su mujer, Goizeder Odriozola, venezolana hija de vascos, acababa de ser nombrada directora del gabinete del Ministerio de la Presidencia, un puesto cercano a Hugo Chávez.

Los vascos se cuentan entre los miembros más conocidos de la amplia colonia española en Venezuela, sobre todo porque varios de ellos poseen los mejores restaurantes de la capital, entre los que destacan el Urrutia, el Bar Basque, La Tertulia y el Pakea (paz, en euskera), este último situado en lo alto del monte El Avila, que separa Caracas del mar.

Los vascos son unos 3.500 entre los 200.000 españoles que residen en este país. Alrededor de 350 son socios del Centro Vasco, en el que impera el nacionalismo, y parte de ellos conforman incluso una asociación independentista denominada Plataforma Bai (sí, en euskera).

Herida dolorosa

A pesar del hermetismo que mantienen, uno de los integrantes de esta organización, Luis Alberto Trincado, saltó hace cuatro años y medio a la palestra cuando el Gobierno español pidió la extradición de los siete etarras que ahora vuelven a crear revuelo. Trincado afirma: "Todos tenemos algún familiar que fue perseguido y nunca fallamos ni nunca, hasta entonces, Venezuela nos falló". Asimismo, asegura que la "comunidad vasca es trabajadora y correcta" y que las dos extradiciones abrieron una "herida enorme, muy dolorosa y profunda".

La impunidad en la que vivían desde que en 1989 Felipe González les halló acomodo en Venezuela se acabó cuando José María Aznar habló del asunto con Chávez en el 2002 en un encuentro en Monterrey (México). El gobernante venezolano remitió el asunto a la justicia y la fiscalía ordenó la detención de los siete presuntos etarras.

Cuando medios diplomáticos españoles negaban ayer que el Gobierno venezolano vaya a otorgar la nacionalidad a los cuatro etarras que aún siguen en el país, en círculos vascos se recordaba que cualquier inmigrante de un país iberoamericano tiene derecho a ella tras cinco años de residencia.