El expresidente del Gobierno José María Aznar y algunos exministros de su Gabinete como el de Interior, Angel Acebes, así como los responsables de las fuerzas de seguridad y el director del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Dezcallar, serán llamados a declarar a la comisión parlamentaria de investigación de los atentados del 11-M.

La comisión citará a directores de medios de comunicación que el 11-M recibieron la llamada de Aznar informándoles de la autoría de ETA. El PNV pedirá que comparezca el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por sus conocimientos sobre Al Qaeda.

La comisión se reunió ayer por segunda vez y se dio de plazo hasta el martes para que los grupos planteen sus peticiones de documentos y comparecencias. Pero todos, excepto PSOE y PP, adelantaron que pedirán la comparecencia de Aznar. El portavoz popular, Vicente Martínez Pujalte, reiteró que su grupo asume esa petición. Y Alvaro Cuesta (PSOE) dijo que su partido no pondrá "límite ni restricción" a que comparezca el actual presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, para explicar las medidas de futuro contra el terrorismo.

Jordi Jané (CiU) pidió que la presencia de Aznar, que consideró necesaria, sirva para dar explicaciones y no para avivar la confrontación política. Y Gaspar Llamazares (IU-ICV) señaló: "No se trata de buscar la venganza, sino la verdad".

La comisión, presidida por el canario Paulino Rivero, dará prioridad a la recepción de los documentos antes de iniciar los interrogatorios y fijó un plazo de una semana para que el Gobierno le remita los informes que le soliciten. Una resolución del presidente del Congreso, del pasado 12 de mayo, permite a la comisión conocer a puerta cerrada documentos policiales, del CNI y otros servicios de inteligencia que hayan sido clasificados como de carácter secreto.

Con el esquema de trabajo esbozado ayer, la comisión recibirá los primeros informes la última semana de junio y trabajará tres días a la semana durante julio para interrogar a los comparecientes.

PRISION El juez de menores de la Audiencia Nacional decretó ayer el internamiento preventivo del menor detenido el lunes acusado de transportar los explosivos utilizados en la masacre del 11-M, mientras que el juez Juan del Olmo ordenó la prisión incomunicada de cinco de los arrestados la semana pasada.