La comisión parlamentaria del 11-M comenzará a interrogar los próximos días 6, 7 y 8 de julio a los responsables de la lucha antiterrorista y a los mandos policiales que tuvieron relación con la investigación de los atentados. Tras ellos, la comisión citará a los directores y corresponsales de varios medios de comunicación y, finalmente, a los responsables del Gobierno y algunos dirigentes políticos que entonces estaban en la oposición.

El presidente de la comisión, Paulino Rivero, cursó el martes todas las peticiones de datos y documentos solicitados por los distintos grupos. Entre la documentación pedida a través de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, figuran varios informes secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El plazo de siete días para remitirlos obligará al Consejo de Ministros del próximo viernes a decidir sobre si los desclasifica.

EXCESO DE INFORMACION Alvaro Cuesta, portavoz del PSOE en la comisión, dijo a este diario que el volumen de información solicitada es tan grande que "el Gobierno deberá hacer horas extras para suministrarla". Todos los comisionados se mostraron de acuerdo en conocer los informes del 11-M antes de iniciar los interrogatorios y confiaron en que el Gobierno y los entes afectados comiencen a remitir los datos el lunes. Pero al salir de la reunión de ayer, nacionalistas, IU-ICV y Grupo Mixto criticaron la estrategia del PSOE y del PP de mantener la incógnita sobre la citación al expresidente del Gobierno José María Aznar.

Pocas horas después, el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, desveló ayer que Aznar ha comunicado a su partido que está a su disposición para lo que decida.

Los grupos minoritarios querían que la reunión de ayer hubiera servido para fijar el listado definitivo de comparecientes. En cambio, socialistas y populares impusieron su estrategia gradual. Sin rechazar ninguna comparecencia, salvo la de los ministros del Interior de Marruecos y de Alemania, que había solicitado José Antonio Labordeta (Chunta Aragonesista), la comisión decidirá el 1 de julio sobre la citación de 35 agentes y mandos policiales.