La comisión investigadora del 11-M podrá ver en sesión secreta los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) enviados por el Gobierno a la Comisión de Secretos Oficiales y que permanecen sin desclasificar. En cambio no podrá visionar los seis informes del CNI con datos de otros servicios secretos ya que están protegidos por convenios bilaterales y por el artículo 11 de la ley del 11/2002 del CNI, según aclaró ayer un portavoz oficial de la Vicepresidencia primera del Gobierno.
El Ejecutivo explicó que no podía enviar directamente a la comisión investigadora del 11-M los 19 documentos elaborados por el servicio secreto español porque se lo impide la propia ley del CNI. En cambio, los podía remitir, como ha hecho, a la Comisión de Secretos, que es la encargada del control del CNI.
RESERVA ABSOLUTA La obligación legal de los miembros de la Comisión de Secretos a mantener la reserva absoluta sobre los documentos y el hecho de que sólo uno de ellos, Paulino Rivero, forme parte de la que investiga el 11-M, convierte en inoperante la información remitida por el Ejecutivo.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, precisó que el Ejecutivo no se opondrá a que esos documentos del CNI sean revisados por los comisionados del 11-M en sesión secreta y según la fórmula que establezca el Congreso.
Una resolución del presidente de la Cámara, Manuel Marín, de 11 de mayo pasado, establece el mecanismo para que la comisión del 11-M pueda ver los papeles del CNI. Según la misma, "el Gobierno podrá solicitar que la información sobre una determinada materia clasificada sea facilitada en sesión secreta a la comisión que la demandó o a cualquier comisión competente en la materia". Los diputados podrán tomar nota, pero no hacer copias.
AMENAZAS DE BIN LADEN Los informes del CNI enviados a la Comisión de Secretos responden a las peticiones de información de la comisión del 11-M sobre la evaluación de las amenazas de Bin Laden el 27 de octubre del 2003, los atentados de Casablanca (Marruecos), las evaluaciones del riesgo de terrorismo islamista transmitidas al Gobierno antes del 11-M, las informaciones sobre los atentados entre el 11 y 14 de marzo, las referencias a detenidos tras la masacre, las directivas de inteligencia de 2003 y 2004, los informes de seguridad sobre Irak y los emitidos sobre la existencia de armas de destrucción masiva en dicho país.
