La Comisión Europea (CE) ha advertido este lunes al Gobierno de que cualquier tasa impuesta en la frontera entre Gibraltar y España, como la que estudia el Ejecutivo, sería ilegal bajo la actual legislación comunitaria. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenía previsto este mismo lunes hablar sobre el conflicto con el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso.
"Puedo confirmar que cualquier tasa o pago impuesto en la frontera de un Estado miembro sería ilegal bajo la legislación de la Unión Europea", señaló el portavoz comunitario Olivier Bailly, preguntado en una rueda de prensa por la tasa que España estudia establecer para cruzar la verja de Gibraltar. Fuentes comunitarias puntualizaron posteriormente que, si bien un país no puede cobrar una tasa por la entrada a otro Estado miembro, sí cabría la posibilidad de establecer el cobro de un peaje por el uso de las carreteras que dan acceso a la frontera.
En todo caso, el portavoz europeo subraya que la cuestión es "hipotética", porque, por ahora, las autoridades españolas no han tomado ninguna medida. Por ello no quiso entrar en más detalles y señaló que Bruselas solo se posicionará de forma concreta si hay decisiones oficiales.
Circulación "fluida"
Barroso tenía previsto pedirle a Rajoy, en línea con lo que le expresó el primer ministro británico, David Cameron, respeto a las normas comunitarias y llamar al diálogo entre Madrid y Londres. "Deseamos que la circulación entre las dos zonas sea lo más fluida posible, pero efectivamente hay un número de elementos del derecho europeo que deben ser recordados", señaló Bailly.
Además, señaló que Bruselas espera que España y el Reino Unido "dialoguen entre ellos en tanto que miembros de la UE" y recalcó que es responsabilidad de las capitales "encontrar soluciones" a los "obstáculos o malentendidos que puedan existir". Bailly señaló que la CE está dispuesta a ayudar a los dos países en ese sentido y recordó que tiene previsto enviar en septiembre una misión de expertos para estudiar la situación sobre el terreno. El Gobierno británico apremió a Bruselas la semana pasada para que envíe de forma "urgente" los observadores a la zona en conflicto.
