Cuando se van a cumplir 30 años de la desaparición del dictador Francisco Franco, las víctimas de la represión siguen esperando la ley del resarcimiento moral y jurídico que el Gobierno socialista se comprometió a presentar en el Parlamento antes del pasado verano.
Para abordar el problema, el Ejecutivo creó en septiembre del 2004 una comisión interministerial que prácticamente ha concluido su trabajo. Por la misma han pasado asociaciones de familiares de fusilados, presos, represaliados, exiliados, que han aportado decenas de documentos y testimonios. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que ha coordinado los trabajos, aseguró el viernes a este diario que habrá ley de la justicia histórica y que el Ejecutivo cumplirá su compromiso. Evitó, sin embargo, poner fecha al proyecto y concretar si el resarcimiento jurídico implica la revisión de miles de condenas a muerte.
El grupo de IU-ICV, que ahora está dispuesto a presentar su propio texto, frenó hace un año sus iniciativas sobre la recuperación de los archivos incautados por el franquismo y otras dirigidas a resarcir a las víctimas de la represión. En el trámite presupuestario para el 2006 ha logrado suprimir los descuentos fiscales en las indemnizaciones por una sola vez a quienes sufrieron cárcel durante el franquismo por motivo político. "Es paradójico que les descontaran el IRPF como si fueran rentas del trabajo", dice Gaspar Llamazares, líder de IU.
Brusca suspensión
Varias asociaciones que han colaborado con la comisión no ocultan su decepción. Dolores Cabra, de Archivo Guerra y Exilio, no entiende la brusca suspensión de los trabajos de la comisión, "porque el Gobierno en ningún momento ha declarado que existan presiones de los defensores de la dictadura o de los estamentos militares involucrados en la represión". Para Cabra, "la verdad histórica es una exigencia social y imposible de detener".
José María Pedreño, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), explica que tienen "más de cinco mil peticiones de familiares que buscan los restos de sus abuelos y de sus padres", y que trabajan "sin ningún apoyo". Lo chocante para Pedreño es que en vez de ser la Administración quien busque los datos de los fusilados y actúe para sacar los restos de las cunetas, tengan que ser las asociaciones las que suministren los datos y apoyen a los familiares. "A nivel institucional no hacen nada; estamos cansados; hasta del PSOE nos envían familiares para que les atendamos," explica.
Garantías legales
Fermín Sánchez, de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, recuerda que junto con otras asociaciones y bajo el paraguas de Amnistía Internacional pidieron al fiscal general del Estado que el descubrimiento de las fosas y la recuperación de los restos de los fusilados se realice con todas las garantías legales, es decir, con presencia de un juez, intervención de un forense e investigación de lo ocurrido. Cándido Conde-Pumpido contestó: "La Fiscalía coincide plenamente con el reconocimiento y la defensa de la dignidad de las víctimas de la guerra civil y del franquismo". Pero se escudó para no dar la instrucción en que la actuación de las administraciones públicas se encuentra pendiente de lo que decida la comisión.
Además de rescatar dignamente a los muertos, la norma que ha prometido el Gobierno deberá contemplar el resarcimiento moral y jurídico por las condenas a muerte y prisión, por los campos de trabajo, por las incautaciones de bienes, por las represalias laborales y por los daños a las personas causados por la dictadura.
