Aquí se pueden leer las principales conclusiones a las que llegaron este miércoles los diputados que han trabajado en la comisión de reconstrucción del Congreso. Ese órgano se dividió en cuatro áreas: sanidad y salud pública, Unión Europea, políticas sociales y sistema de cuidados y reactivación económica. Las conclusiones, en todo caso, son provisionales ya que hay enmiendas que algunos grupos han querido mantener vivas y tratarán de aprobar el viernes, cuando se reúna la comisión al completo y no por grupos de trabajo. Además, los diputados del PSOE y Podemos tendrán de margen hasta mediados de julio para incorporar las aportaciones de la oposición. Dentro de dos semanas, aproximadamente, las conclusiones ya se votarán en pleno, en el hemiciclo.

Sanidad: Creación de un cuerpo de reservistas

El entendimiento, al menos de mínimos, en materia sanitaria era algo que se daba por descontado desde hace más de una semana. Ante una crisis como la vivida con el coronavirus, casi todos los grupos estaban de acuerdo en que había que alcanzar un consenso. El documento aprobado este miércoles defiende la necesidad de crear una Agencia de Salud Pública que coordine el sistema de salud, reclama la elaboración de un plan para prevenir y controlar los riesgos de epidemias y pandemias y la puesta en marcha de un depósito nacional de equipos de protección y material sanitario.

También, a propuesta de Ciudadanos, el texto aboga por la constitución de un grupo de reserva de personal sanitario, pensado para ser movilizado de forma inmediata en casos de crisis y riesgo de colapso, como los vividos en Madrid y Barcelona durante los peores momentos de la crisis del covid-19, entre finales de marzo y principios de abril. Se trataría de un modelo similar al francés, integrado por voluntarios con formación en medicina y enfermería, que reforzaría al personal de los hospitales.

Esta sintonía también se plasmó en el Senado, donde el PSOE, el PP, Vox (que no participó en las votaciones de la comisión de reconstrucción del Congreso), Cs e Izquierda Confederal apoyaron una moción por la que se comprometen a "realizar todos los esfuerzos para llegar a un pacto de Estado por la sanidad".

Unión Europea: renuncias en aras de un acuerdo

Socialistas y populares han decidido darse una tregua y replicar en Madrid la unidad que hasta ahora habían mostrado en Estrasburgo, donde sus familias europeas han respaldado juntas las principales iniciativas de estas últimas semanas, en especial cuando el Parlamento europeo pidió un plan masivo para paliar los estragos del coronavirus. El PSOE ha dejado negro sobre blanco que el Gobierno de España se compromete a cumplir el Pacto de Estabilidad, un acuerdo jurídico al que está obligado y que marca un déficit público del 3% y una deuda del 60%. El PP se da por satisfecho, aunque la noticia sería que el PSOEdijera que no lo va a acatar. En todo caso, Bruselas ha suspendido su aplicación para que los gobiernos puedan gastar lo que necesiten ante el covid-19.

Los populares, por su parte, han evitado incluir ninguna enmienda que pudiera suscitar dudas sobre la gestión de las ayudas del fondo de 750.000 millones de euros que llegarán de Bruselas. Tampoco han pedido ninguna condición especial para que España pueda acceder a ellas. Pablo Casado no ha vuelto a reclamar que la Comisión exija a Pedro Sánchez que mantenga la reforma laboral de Mariano Rajoy. Gestos y lenguaje diplomático en aras del acuerdo y cuando solo faltan dos semanas para que, en una cumbre de la UE, los dirigentes fijen los criterios para acceder al fondo.

Políticas sociales: Sin margen para el entendimiento

El entendimiento brilló por su ausencia en el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados. PSOE y Unidas Podemos no lograron atraer ni al PP ni a Cs, con quienes sí alcanzaron acuerdos en las otras tres áreas, y, finalmente, las propuestas de socialistas y morados -sumadas a algunas enmiendas de pequeños partidos- saliendo adelante solo gracias al voto favorable de ERC y a la abstención de EH Bildu.

El planteamiento de la coalición de Gobierno de excluir a las escuelas concertadas de las ayudas económicas destinadas a la Educación protagonizó uno de los choques principales entre las cuatro formaciones. Pero no fue el único. Los populares exigieron que se vincule el ingreso mínimo vital a las políticas activas de empleo y rechazó las medidas "muy intervencionistas" de socialistas y morados en materia de alquiler. "Estamos lejos de lo que plantea esta propuesta", sentenció la diputada del PP Rosa María Romero sobre el borrador de PSOE y UP antes de señalar que "nuevas prestaciones sociales y más gasto público" no implican ayudar a la gente.

Además, los grupos nacionalistas aprovecharon para reivindicar las competencias autonómicas que, coincidieron, es en el texto del grupo de trabajo de Políticas sociales donde se ven más atacadas por un intento de "recentralizar" ciertas medidas que realizan con éxito las comunidades.

Economía: Fricciones por el sistema fiscal

Las diferencias entre los partidos del Gobierno y el PP en materia económica hacían prever una negociación muy compleja para alcanzar un acuerdo en el grupo de trabajo para la Reactivación Económica y así acabó siendo. Los populares votaron en contra del documento redactado por socialistas y morados, aunque salió adelante con el ‘sí’ de Cs.

"El Gobierno habla todo el tiempo de diálogo, pero solo ha aceptado una enmienda y media de las 70 que ha presentado el PP", sentenció la diputada del PP Elvira Rodríguez. No obstante, a última hora de la tarde, el PSOE se avino a aprobar algún cambio más de los propuestos por los conservadores y abrió la puerta a negociar más modificaciones de cara a la negociación que se extenderá hasta el viernes.

El PSOE sí logró el acuerdo con los de Inés Arrimadas. Entre otras medidas, ambos partidos pactaron incluir en las conclusiones que el aumento de ingresos fiscales para reducir la brecha fiscal con la media de la Unión Europea deberá llevarse a cabo "sin limitar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de las empresas españolas".