La decisión de Juan Antonio Roca de contar lo que de verdad ocurrió en la trastienda urbanística de Marbella se ha cobrado su primera pieza. El juez Francisco Javier de Urquía ha sido condenado a dos años de cárcel y 17 de inhabilitación por pedir y aceptar dinero del supuesto jefe de la trama Malaya a cambio de favorecerle en asuntos judiciales. Roca ya aceptó un año de cárcel por cohecho en la vista oral.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera al magistrado autor de los delitos de cohecho y prevaricación judicial, dado que ordenó la suspensión de un programa de televisión alusivo a las actividades ilícitas de Roca de forma irregular, al no habérsele asignado el proceso y "sin diligencia probatoria alguna".

Así, estima probado que De Urquía, en los días en que negociaba con Roca la entrega de una ayuda para la compra de su casa, primero suspendió el reportaje televisivo y luego revocó su decisión al ser informado por el denunciado de anomalías en la tramitación. Posteriormente, una vez recibido el dinero (73.800 euros), se adjudicó las nuevas diligencias y ratificó la retirada del programa. La Sala de lo Civil y lo Penal da por válida la "convincente" confesión en el juicio de Juan Antonio Roca, al que no aprecia "motivaciones como venganza, resentimiento, animadversión u obediencia".

CONFESION VICIADA Eso sí, cree que la declaración pudo "viciarse" por sus móviles a la hora de exculpar al tercer imputado, Arnaud Fabrice Albouhair, y de lograr la reducción de pena, como finalmente pasó.

El TSJA se basa, además, en la concordancia entre las cantidades entregadas por el juez a los dueños de la casa y las anotaciones, por los mismos importes y justo en esa fecha, halladas en la contabilidad de Roca. No obstante, el juez De Urquía negó que le pidiera dinero e incluso que fuera a recogerlo a la oficina de este, como confirma el fallo, asegurando que tras la confesión se esconde un acuerdo secreto de Roca con la Fiscalía.

CONDENA EN SUSPENSO La sentencia absuelve de todo cargo a Albouhair, que presumiblemente puso en contacto al juez y Roca, al no considerar probada su intervención. Asimismo, establece sendas multas para Roca y De Urquía de 73.800 euros por el cargo de cohecho, mientras que al juez le impone otra de 36.000 euros por prevaricación.

Al carecer de antecedentes, la entrada en prisión del juez quedaría en suspenso siempre y cuando no reincida. Pero De Urquía tiene pendiente otro procedimiento, ya que está acusado junto a Albouhair de extorsión a los imputados en una operación contra el blanqueo de capitales que él instruía.