El militar que en el 2004 intentó introducir sin permiso en España una pistola de Afganistán, su país de destino, aceptó ayer la pena de dos años de cárcel que pedía el fiscal, después de llegar a un acuerdo antes de que celebrara el juicio fijado por la Audiencia Nacional. El procesado, de origen ecuatoriano y sin antecedentes, no irá a prisión al ser la condena inferior a los dos años de cárcel.
