La Audiencia de Guipúzcoa condenó el pasado jueves a cuatro guardias civiles por torturar a Igor Portu y Mattin Sarasola, los etarras que volaron la T-4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre del 2006 y causaron la muerte a dos ciudadanos ecuatorianos. Otros 11 agentes también juzgados por los mismos hechos quedaron absueltos. Esta sentencia es la primera por torturas a terroristas que se dicta en los últimos nueve años, concretamente desde julio del 2001, cuando la Audiencia de Vizcaya condenó a siete guardias civiles por el mismo delito. Desde entonces, ninguna de las múltiples denuncias presentadas por miembros de la banda o de la izquierda aberzale había prosperado.
El tribunal fijó cuatro años y medio de prisión para el sargento J. C. G., responsable del dispositivo, por los delitos de "torturas graves y lesiones", así como ocho años de inhabilitación absoluta. Para el guardia civil J. E. M, estableció dos años y medio de cárcel, y para sus compañeros S. G. A. M. y S. M. T., otros dos. Además, el sargento y el agente J. E. M. deberán indemnizar a Portu con 18.000 euros por los daños físicos y psíquicos causados. Este último guardia civil y los otros dos agentes tendrán que compensar a Sarasola con 6.000 euros. El Instituto Armado es considerado responsable civil subsidiario en ambos casos.
La sentencia considera probado que los agentes insultaron, amenazaron de muerte y golpearon a los miembros del comando Elurra el 6 de enero del 2008, tras ser sorprendidos por un control de la Guardia Civil. Después de ser arrestados, esposados e introducidos en sendos todoterrenos, se dirigieron a una pista forestal. Durante ese traslado los detenidos --que fueron condenados a 1.040 años de cárcel por el atentado de la T-4-- recibieron golpes y puñetazos en la cara y en la cabeza, así como patadas en los costados y las piernas.
REACCIONES Varios mandos de la Guardia Civil subrayaron que las condenas se debían al uso de la fuerza en la detención de los dos terroristas y no a torturas para obtener información. La izquierda aberzale afirmó que la sentencia es positiva, pero "una excepción frente a la impunidad con que se desarrolla la práctica habitual de la tortura".
