La justicia ya ha hallado a los culpables de los hechos ocurridos en la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en la que el entonces ministro de Defensa, José Bono, fue supuestamente agredido. No son quienes zarandearon e insultaron a Bono, sino los tres policías que detuvieron a dos militantes del PP que estaban en la marcha. La Audiencia de Madrid impuso ayer a los tres agentes una condena de entre tres y cinco años (en total, 13) de cárcel por unas detenciones "inmotivadas, arbitrarias, abusivas" que "pusieron en tela de juicio la igualdad y el pluralismo político".

Y, tras el fallo, la política se cobró ayer la primera víctima. El delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, presentó su dimisión no porque diera "instrucciones políticas" a los agentes para que llevaran a cabo los arrestos, sino por "responsabilidad". "Tal como confirma la sentencia --agregó-- nadie del ámbito del Ministerio del Interior o de la Delegación ordenó a la policía que actuara de forma predeterminada".

OPINIONES CONTRAPUESTAS Como es habitual, PP y PSOE hicieron una interpretación radicalmente distinta de la sentencia. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el fallo, si bien no prueba que hubo órdenes gubernamentales, asegura que los vaticinios del delegado del Gobierno (que afirmó dos días después de la manifestación que "pronto" habría detenciones) pudieron haber "influido" en los acusados. Sin embargo, para el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, el fallo desautoriza al PP, y es una "desfachatez" por parte de este partido seguir insistiendo en que sí hubo instrucciones del Ejecutivo.

Los acusados sostuvieron durante el juicio que los militantes del PP Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz no fueron arrestados, sino que solo se les citó como imputados. Pero la sentencia considera que sí fueron detenidos, porque como tales se les leyeron sus derechos, aunque se les fuera a buscar a la hora que ellos pidieron y no se les esposara ni se les condujera al calabozo. El tribunal asegura, además, que los arrestos fueron ilegales, porque no había delito que imputarles, pues ni los testigos ni los vídeos de la marcha "revelaban la existencia de agresión".

ATESTADO REHECHO Pero es más, según la sentencia, los acusados, conscientes de este extremo, "decidieron rehacer el atestado", en primer lugar para que no figurase el agente 16.444 que se negó a detenerles y por eso fue cesado, y "para abultar los hechos" y justificar las detenciones. Así, se incluyó la declaración de los escoltas, que ampliaron sus afirmaciones iniciales para añadir que hubo momentos de "extrema violencia", y se añadió que uno sufrió una agresión. Por todo ello, los tres agentes son condenados a tres años de prisión y dos años de inhabilitación por falsificación. Además, el que dio la orden de detener a los militantes, el comisario de la Brigada Provincial de Información, Rodolfo Ruiz, y el que la cumplió, el inspector jefe Javier Fernández, son penados con otros dos años de prisión, ocho de inhabilitación y el deber de indemnizar con 12.000 euros a cada uno de los militantes. Asimismo, el primero deberá pagar otros 1.080 euros por coaccionar a sus subordinados.

El tribunal se opone así a la opinión del fiscal, quien pidió la absolución de los acusados porque el atestado que llegó al juzgado era "veraz" y porque las detenciones fueron legales y se produjeron no porque fueran del PP, como sostuvo la acusación, sino para preservar los derechos de Barrios y De la Cruz. Los acusados anunciaron que recurrirán la sentencia.