El Tribunal Supremo acusó ayer a Rafael Vera, exsecretario de Estado de Seguridad, de un "despilfarro egoísta" de los fondos reservados del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Felipe González. Los jueces no han podido establecer con exactitud la "cantidad total sustraída" para su enriquecimiento personal y el de otros cargos de su departamento, pero confirma los siete años de cárcel que le impuso la Audiencia Provincial de Madrid y el embargo de sus fincas.
Los jueces también avalan las condenas impuestas a Julián Sancristóbal (4 años de cárcel), exdirector de la seguridad del Estado, y a José María Rodríguez Colorado, exdirector general de la policía (6 años) por malversación de caudales públicos.
Por contra, absuelven a Francisco Alvarez, exjefe del mando único de la lucha antiterrorista, y a Iñaki López, exgobernador civil de Vizcaya, por entender que no han cometido delito al recibir esos fondos, ya que ellos no tenían la responsabilidad de custodiarlos. Asimismo confirman la absolución del exministro del Interior José Luis Corcuera porque no delinquió cuando hizo regalos a sus subordinados.
La sentencia es especialmente dura con Vera. Los jueces le aclaran que "el derecho no puede amparar el delito", y que "tolerar el despilfarro egoísta de los fondos públicos (...) dejaría a personas e instituciones sin la debida tutela judicial efectiva".
SIN CUANTIFICAR Los jueces admiten que la malversación pudo superar los 3,8 millones de euros (645 millones de pesetas) entre 1984 y 1993. Sin embargo, reconocen que no han podido fijar la cantidad total desviada "ante la ausencia de datos suministrados por el acusado".
El alto tribunal se opone a apoyar un indulto al exsecretario de Estado, que éste reclamó para compensar "el efecto negativo del juicio paralelo" que dice haber soportado. La Audiencia de Madrid debe decidir ahora si ordena el ingreso en prisión.
