Un presidente del Gobierno ávido de escenificar el consenso institucional hacia su pretendido cambio del modelo productivo, concretado en la macroley de economía sostenible. Una oposición que no solo no acepta el rol de palmero del Ejecutivo, sino que está dispuesta a aguarle, literalmente, la fiesta con la guerra de los trasvases. Y 19 autonomías (las 17 comunidades, más Ceuta y Melilla) agrupadas y divididas en esos dos frentes, y con capacidad de veto mutuo sobre los acuerdos a debatir. Negros presagios rodean a la cuarta convocatoria, este lunes en el Senado, de la iniciativa ideada por Zapatero tras su llegada a la presidencia del Gobierno, en el 2004, de reunirse anualmente con los presidentes autonómicos.
La solemnidad de la conferencia inaugural, que quiso abrir una nueva etapa de la España plural, dio paso al enfrentamiento bipartidista entre PSOE y PP, que marcó los encuentros posteriores del 2005 y enero del 2007. Ante el deterioro del invento, Zapatero aceptó consensuar un reglamento que impidiera que la refriega política condicionase el éxito de la iniciativa.
Casi tres años después, socialistas y populares han pactado las reglas, pero siguiendo el principio de no agresión recíproca. Lo que en la práctica primará la unidad sobre la pluralidad, diluirá el calado político de las decisiones y no logrará la paz perseguida con el PP. Los barones autonómicos conservadores, que ayer se reunieron con Rajoy, tacharon la cita de "pantomima", "diálogo de sordos" y "pérdida de tiempo propagandística".
LA NOVEDAD Según el nuevo reglamento, los acuerdos deberán ser unánimes y las recomendaciones tendrán que contar con el voto del Gobierno y de las dos terceras partes de los asistentes (12 sobre 19). El PP suma nueve votos, mientras que el PSOE controla los 10 restantes. Como novedad, participarán en la cita representantes de los sindicatos y de las patronales.
