El Congreso se reafirmó ayer en la vigencia de la resolución que aprobó en mayo del 2005 para dar luz verde al diálogo con ETA siempre que no haya violencia. Fue la consecuencia de la iniciativa que presentó el PP, que perseguía que se revocase. Los conservadores no solo no consiguieron su objetivo, sino que volvieron a granjearse las acusaciones de todos los demás grupos parlamentarios de utilizar el terrorismo para su propia conveniencia.

La proposición no de ley de ayer es la tercera de las cinco iniciativas con las que el PP pretende luchar en el Parlamento contra la política antiterrorista de José Luis Rodríguez Zapatero. Los populares añadieron ayer un último punto en el que se instaba a la fiscalía a impedir el acto que Batasuna tiene previsto celebrar el próximo sábado en Bilbao. No les sirvió de nada.

La diputada Ana Torme fue la encargada de defender la iniciativa. Lo primero que hizo fue calificar la resolución de mayo del 2005 de "primer paso del desarme del Estado de derecho" y ponerlo como prueba de la voluntad de Zapatero de desmontar "toda la arquitectura de la lucha contra ETA". La conservadora declaró que nunca se dieron las condiciones para entablar un diálogo con la banda y acusó al Ejecutivo de "traspasar las líneas rojas" desde el principio. Lo que Begoña Lasagabaster, de EA, llamó "el top five" obtuvo la misma respuesta que la semana pasada, cuando el PP exigió la ilegalización de EHAK (siglas en euskera del Partido Comunista de las Tierras Vascas). Gaspar Llamazares, coordinador de IU, aseguró que el PP pretende "oponer la ley a la mayoría parlamentaria" y "deslegitimar" el Parlamento.

POSTURA ENFRENTADA Arantza Mendizábal declaró que la iniciativa de los conservadores era de carácter "instrumental" porque no pretendía nada más que "calentar motores". La diputada socialista señaló que el PP sabe que mantiene una postura enfrentada a todos los demás grupos, por lo que su proposición no busca "más que la división de los demócratas". Como causa, Mendizábal apuntó "la obsesión por recuperar un Gobierno al creer que se lo arrebataron porque era suyo". En la misma línea se situaron CiU, PNV y ERC: la de culpar a los populares de estar más preocupados por sus intereses que por el consenso.