La ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), la séptima reforma educativa de la democracia, será aprobada hoy en el Congreso de los Diputados con el único respaldo del PP y ante el anuncio de varias comunidades -el País Vasco, Cataluña y Andalucía­- de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. La polémica norma, más conocida como ley Wert (por el apellido del ministro), ha generado el rechazo de toda la comunidad educativa, de las autonomías no gobernadas por el PP y especialmente de la Generalitat, por la invasión de competencias que la norma supondrá y porque ataca el modelo de inmersión lingüística en Cataluña al imponer el castellano como lengua vehicular.

La LOMCE refuerza, además, el control del Estado en los contenidos curriculares y restaura las viejas reválidas. Otras medidas polémicas son el mayor peso de la religión católica, la segregación de los alumnos a partir de los 15 años hacia la FP básica, el aumento de la ratio de alumnos por clase o mayores concesiones a la enseñanza concertada.

CAMBIOS EN EL SENADO

Es previsible que el texto no sufra hoy modificaciones tras las introducidas en el Senado. La más importante ha sido la del calendario de implantación, que corrige la intención del ministerio de desplegar la LOMCE en dos años a partir de su entrada en vigor en el curso 2014-2015. Sin embargo, la presión de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, le han obligado a ampliar los plazos de entrada en vigor por miedo a los costes económicos de la financiación. De esta forma, la ley Wert solo se aplicará en primaria el próximo curso, dejando para el 2017 las evaluaciones al final de cada etapa y retrasando hasta el 2018 el fin de la selectividad. En cualquier caso, sigue siendo un tiempo récord en comparación con los cinco años que requirieron la actual LOE y la LOCE, derogada antes de aplicarse­ y los 10 años de la LOGSE.

Otras modificaciones impuestas en la Cámara Alta por la mayoría del PP harán que las matemáticas sean obligatorias en el bachillerato de ciencias sociales, en contra de lo aprobado durante el trámite de la ley en el Congreso. El Senado también introdujo dos enmiendas de UPN que permitirá que centros que segregan por sexos no deberán justificar de forma «objetiva y razonada» ese modelo educativo para optar al concierto. Además, se permitirá que vuelvan a solicitar financiación pública en las comunidades donde la perdieron.