El Congreso ha aprobado hoy, con la oposición de PP y ERC, la Ley de Memoria Histórica que, según una modificación acordada a última hora, permitirá a la Iglesia invocar razones "artístico-religiosas" para no tener que retirar de sus edificios símbolos conmemorativos de la Guerra Civil o la Dictadura.
Este cambio en la norma se plasmó a través de una enmienda transaccional, pactada por PSOE y CiU y firmada por PNV y CC, que establece que la retirada de escudos, insignias y placas conmemorativas del franquismo "no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha sido la encargada de abrir el debate con una intervención en la que ha asegurado que en la ley no hay ni una sola línea que no pueda ser respaldada por cualquier demócrata, porque todos sus artículos responden a principios que "todos podemos compartir". La esencia de la norma es, según la vicepresidenta, el reconocimiento y ampliación de derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la recuperación individual de su memoria personal y familiar. El resultado de la tramitación parlamentaria de la ley, ha dicho De la Vega, es una norma que deja la historia a los historiadores y a los jueces lo que es de los jueces, al tiempo que reconoce a cada persona el derecho a "reconstruir la propia biografía".
La vicepresidenta ha negado, como se ha dicho -recordó-, que la ley suponga violentar el espíritu de concordia de los españoles, que reabra viejas heridas o que sea una norma innecesaria. "Nada más lejos de la realidad", ha enfatizado De la Vega, quien ha repasado para argumentar su afirmación algunos de los aspectos más destacados de la ley, como el rechazo a toda forma de violencia y persecución basada en la intolerancia o la ilegitimidad de los tribunales y condenas del franquismo. La vicepresidenta también ha enviado un mensaje a quienes "han lanzado sombras" sobre la ley y les ha dicho que en política "la verdad, como la luz, siempre acaba abriéndose paso".
A la ley que hoy se aprobará en el Congreso se oponen ERC y PP, cuyo portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, resumió así sus razones: porque "rompe la herencia con la que se construyó la transición", porque es "innecesaria" y "perjudicial para la convivencia nacional" y porque cualquier debate en torno a la ley resulta "ajeno" a "las inquietudes de los españoles". Ha denunciado también el "juego" que a su juicio el Gobierno y el PSOE han mantenido durante la tramitación de la norma, que han antepuesto incluso a la reparación de las víctimas y que básicamente consistía, ha precisado, en "presentar como franquistas a todos los que se oponían a la ley".
Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Tardá, ha dejado clara su oposición al texto al considerar que con el mismo el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, "ha condenado a una segunda muerte a las víctimas del franquismo".
El presidente del Gobierno no ha participado en la votación de esta norma, que se produjo después de su comparecencia en el Palacio de la Moncloa y antes de informar en el pleno del Congreso sobre la crisis ferroviaria en Cataluña.
