La credibilidad del Congreso ya se vio suficientemente afectada, la pasada legislatura, por los durísimos y enrevesados debates sobre la teoría de la conspiración que, en torno a los atentados del 11-M, auspició el PP. Y no volverá a ocurrir, por mucho que los populares se empeñen ahora en denunciar espionaje y persecuciones. Ese es el mensaje que, casi al unísono y en el seno de la Diputación Permanente de la Cámara, lanzaron ayer los distintos grupos a los conservadores, a los que reprocharon que insistan en que el Gobierno escucha sus conversaciones telefónicas sin presentar ni una sola prueba para demostrarlo.

Así las cosas, no es de extrañar que ningún grupo haya apoyado la petición de la dirigente del PP Soraya Sáenz de Santamaría de que comparezcan, con urgencia, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Teresa Fernández de la Vega; el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a dar explicaciones sobre la "persecución" que dicen vivir los conservadores. Eso sí: la mayoría aconsejó a De la Vega que no vuelva a anunciar los recursos de la fiscalía antes de que se hagan oficiales.

NO HABLAR DE PINCHAZOS Por su parte, Sáenz de Santamaría, portavoz del PP en el Congreso, ciñó su discurso a la queja por el supuesto uso que en el Gobierno se hace de las instituciones para atacar al PP. De hecho, su jefe, Mariano Rajoy, le ha encargado un informe con ejemplos de posibles "filtraciones" de sumarios judiciales que atañen a los conservadores, así como de la "doble vara de medir" que, en su opinión, maneja la fiscalía al impulsar investigaciones por corrupción y que, en el caso del PP, "se convierten en una persecución".

¿Y los pinchazos telefónicos? Pues del asunto nada dijo la portavoz popular, pese a la insistencia de sus homólogos de otros grupos. Así, el portavoz socialista, José Antonio Alonso, afeó a los conservadores sus "inventos, insidias y mentiras" en busca de un "territorio de impunidad" para sus dirigentes salpicados por la corrupción. Y les acusó de esconderse tras cortinas de humo para no hablar del caso Gürtel .

El diputado de CiU Jordi Jané (que, como PNV y Nafarroa Bai, se abstuvo en la votación de comparecencias) instó al PP a ir a los tribunales. En la misma línea se pronunció Emilio Olabarría por el PNV, aunque él dijo que, si hubiera pruebas, respaldaría una investigación parlamentaria. El portavoz de ERC, Joan Ridao, alertó de que la polémica de las escuchas puede convertirse "en una paranoia tan delirante como la de la trama del 11-M", y Gaspar Llamazares (IU-ICV) dijo que su grupo no contribuiría a la "mentira de destrucción masiva" de los populares. El BNG, a través de Francisco Jorquera, votó en contra y regañó al PP por su actitud.