El Congreso instó ayer al Gobierno a encabezar un pacto de Estado contra la corrupción urbanística que comporta varias reformas legales, entre ellas el endurecimiento de las penas por esos delitos. Izquierda Unida fue la autora de la resolución, que tuvo el voto a favor de PSOE, ERC y PNV, el voto en contra del PP y la abstención de CiU.

El texto emplaza al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a que prepare un proyecto de ley de reforma del Código Penal que eleve las condenas por delitos contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y blanqueo de dinero. También solicita que endurezca el régimen de incompatibilidad de cargos públicos en las esferas de la Administración que tienen relación "con la planificación del territorio y las infraestructuras".

Izquierda Unida amplió su ofensiva contra la corrupción al terreno político e incluyó en la resolución un punto para reforzar el pacto antitransfuguismo y que se compruebe que realmente no se forman gobiernos municipales o autonómicos con quienes han abandonado sus respectivas organizaciones.

CONTRA ROBOS SILENCIOSOS Esta resolución sobre urbanismo no es la única que necesitará varias reformas del Código Penal. Otra impulsada por CiU, que contó con el apoyo generalizado y la abstención de ERC e IU, pide que se mejore "la respuesta de los poderes públicos ante la inseguridad ciudadana" a consecuencia del aumento de bandas de crimen organizado y las "nuevas formas delictivas", en referencia a los robos silenciosos. La federación nacionalista propone que se tipifiquen los delitos de asociación ilícita para combatir los asaltos de viviendas.

Entre las siete resoluciones que CiU consiguió que fueran aprobadas destaca también la que propone aumentar la conciliación de la vida laboral y familiar. En las medidas que apuntó la federación nacionalista se incluye la mejora de las prestaciones de política familiar con el fin de aproximarlas a la media de la Unión Europea y la ampliación del permiso de paternidad intransferible a cuatro semanas.

ERC solo sacó adelante una resolución, aunque de impacto social. Los republicanos consiguieron que el Gobierno cree el año próximo dos fondos extraordinarios de 500 millones de euros --a distribuir entre las comunidades autónomas-- para sufragar los costes adicionales de la ley de dependencia.

El PNV, por su parte, presentó una resolución que fija porcentajes de obligatoriedad de uso para el bioetanol y el biodiesel, idea que fue una de las más apoyadas por el resto de grupos. El texto señala que el Gobierno debe promover "una reducción efectiva en el consumo" de gasolina y gasóleo.