El Congreso retomará la próxima semana las comparecencias de expertos sobre la Ley de Transparencia con la del presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, y la de otros cuatro comparecientes.
Así lo han acordado este martes por unanimidad la Mesa y los Portavoces de la Comisión Constitucional, encargada de tramitar esta norma, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
La comparecencia de Álvarez de Miran había sido solicitada por el PP y ha cobrado especial relevancia al intensificarse las demandas para aplicar la Ley de Transparencia a los partidos políticos, que son entidades privadas pero sujetas a fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas.
El Gobierno no incluyó a los partidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia pero, a raíz de la polémica suscitada por las actividades del extesorero del PP Luis Bárcenas, la propia vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría abrió la puerta al sometimiento de las formaciones políticas, si así lo acordaran entre ellas.
El Tribunal de Cuentas, que en teoría es el organismo que mejor conoce las finanzas de los partidos, podrá emitir su opinión al respecto el próximo martes ante la Comisión Constitucional.
Una representación de los 'lobbies'
En la misma sesión también acudirá al Congreso María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, una entidad de la que forman parte varios de los 'lobbies' más influyentes y cuyo testimonio han solicitado varios grupos.
También el martes, los diputados podrán escuchar a dos profesores: Emilio Guichot Reina, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, y Manuel Sánchez de Diego, profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
Los grupos parlamentarios han propuesto la comparecencia de más de 40 expertos, pero están dispuestos a renunciar a algunos en aras de agilizar este trámite y no demorar la discusión sobre la futura Ley de Transparencia, que el Gobierno pretende esté aprobada antes del verano.
